Han transcurrido dos meses desde que Nicolás Maduro puso en práctica su plan de recuperación económica basado en: la reconversión monetaria (eliminación de cinco ceros al bolívar fuerte), el anclaje monetario al petro (unidad contable – deuda pública) y el aumento de la gasolina (sin precio), entre otras.

La intención de Maduro con estas medidas –paquete rojo como se le denomina– era controlar la hiperinflación y el desabastecimiento de alimentos y medicinas, y recuperar el crecimiento del producto interno bruto en Venezuela.

Después de sesenta días de la implantación del paquete rojo, los precios de los bienes y servicios han tenido un rebote más alto, el nivel de desabastecimiento ha aumentado y el ciclo recesivo se ha agudizado. Por lo que el resultado del paquete rojo ha sido el empeoramiento de los desequilibrios macroeconómicos y en consecuencia la desestabilización de la economía, generando un impacto devastador en la mayoría de la población venezolana.

Por lo tanto, la causa fundamental de la crisis económica que atraviesa Venezuela es la dirección política del país. Está amarrada al legado de Hugo Chávez, al Plan de la Patria. Un plan que en el período presidencial de Maduro (2013-2019) ha generado un ciclo recesivo contractivo los últimos sesenta meses, alcanzando un producto interno bruto similar al de 1955.

En consecuencia, el anuncio de Maduro el pasado 12 de octubre de que acudirá a la asamblea nacional constituyente con el objetivo de presentar el Plan de la Patria 2019-2025, «para que se apruebe como ley constitucional vigente y de obligatorio cumplimiento de la nación», permite deducir que Venezuela seguirá atravesando por una situación social y económica crítica en los próximos años.

Además, la aprobación del Plan de la Patria 2019-2025 por parte de la ANC busca legitimar a Maduro como presidente de Venezuela para el período 2019-2025, de la misma manera que hizo el Tribunal Supremo de Justicia con el principio de “continuidad administrativa” después de la muerte de Chávez.

Esta manera –“como vaya viniendo vamos viendo”– de manejar la estabilidad política de Maduro en el poder le ha permitido al madurismo-cubano avanzar en la consolidación de su figura como el hombre fuerte del régimen. No solo ha logrado la fragmentación de las fuerzas de la oposición sino también ha purgado a dirigentes del chavismo, fundamentalmente del movimiento 4F.

El 10 de enero de 2019, fecha de vencimiento del período presidencial 2013-2019, es el nuevo escollo de “como vaya viniendo vamos viendo”. El PSUV, La Habana, Pekín y el Kremlin saben que sostenerlo en el Poder Ejecutivo es cuesta arriba. No cuenta con la legitimidad de origen necesaria para ejercer el cargo de presidente de Venezuela.

La elección presidencial del 20 de mayo no fue reconocida como válida por el principal candidato opositor, Henri Falcón, ni por la gran mayoría de las democracias. De los 76 países con democracia plena e imperfecta, según el Índice de Democracia de The Economist en 2018, 54 desconocen la última elección presidencial en Venezuela. Los países que la reconocieron fueron regímenes autoritarios e híbridos.

Para pasar el puente de la ilegitimidad, Maduro y La Habana recurren a la llave maestra que han dispuesto hasta ahora: el diálogo. En esta ocasión, debido a la crisis humanitaria que impacta la región por el éxodo de venezolanos, los voceros del diálogo son el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el presidente del gobierno español, y tras bastidores el papa Francisco y el ex presidente español Rodríguez Zapatero. Los interlocutores en la oposición interna (encerrada en el país) que se han adaptado a la dinámica opresor-oprimido dentro de la crisis venezolana son figuras políticas sin el respaldo mayoritario de los partidos políticos. En Estados Unidos son un sector en el Departamento de Estado y el Congreso alineados con la solución política del aterrizaje suave o soft landing.

Este escenario “business as usual” o “más de lo mismo” permitirá consolidar el Estado-mafioso, como William Brownfield definió recientemente al régimen de Maduro. El éxodo de los venezolanos seguirá impactando a los países suramericanos, alcanzando niveles de alarma por el impacto en las políticas públicas de los países receptores. Y Venezuela se consolidará como cabeza de playa del yihadismo y de grupos terroristas como las guerrillas colombianas. El régimen de Maduro  será una amenaza para la seguridad de la región.

El otro escenario, “acelerar el colapso”, implica cerrar el oxígeno al régimen de Maduro por los ingresos provenientes de las exportaciones de crudo e importaciones de productos refinados de petróleo que recibe de Estados Unidos.

La Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia en el Exterior y la fiscal general Luisa Ortega Díaz conformarían un gobierno en el exterior que permite el reconocimiento de los 50 países que desconocieron la elección presidencial del 20 de mayo, como el gobierno legítimo de Venezuela.

La AN traslada su sede en la ciudad fronteriza de Cúcuta, Colombia. La Ley de ayuda humanitaria, reconstrucción y Estado de Derecho de Estados Unidos autoriza el mecanismo político-financiero para la salida de Maduro. Al mismo tiempo, el Parlamento venezolano con el grupo de trabajo de la OEA para la migración de venezolanos documentan la doctrina “La responsabilidad de proteger” que tiene el Estado con sus nacionales, con el objetivo de construir los consensos para la ayuda humanitaria de la ONU.

Los actores en este escenario son: la oposición en el exterior, secretario general de la OEA, Consejo de Seguridad de la ONU, senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Colombia, Chile, Francia, primer ministro de Canadá, la alta representante de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores, dirigentes políticos y líderes sociales en Venezuela.

El factor crítico de éxito en el escenario “más de lo mismo” es el compromiso de régimen a entablar un diálogo, liberando presos políticos y la aprobación de la reforma constitucional. Mientras en el escenario de “acelerar el colapso”, [el factor crítico de éxito] es el posicionamiento de un líder con capacidad de aglutinar a la mayoría de los factores de la oposición tanto en el exterior como dentro de Venezuela.

Por lo tanto, el futuro político, social y económico de Venezuela estará en avalar o ilegitimar el régimen de Maduro.


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