El análisis calificativo, más allá de las referencias cualitativas y cuantitativas, permite la formulación de una hipótesis homogénea derivada de las variables examinadas a través de los algoritmos específicos –lineares o no– permitidos por el contraste empírico que deriva de las características generales del desarrollo y que en cada institución federal asume las especificaciones que derivan de las ventajas comparativas y competitivas existentes en el territorio de competencia o jurisdicción, independientemente del comportamiento del Estado centralizado y su arbitrio en la asignación del resituado de recursos debido en conformidad con las normas constitucionales.
En cualquier caso consideramos oportuno precisar que la polémica que ha caracterizado tradicionalmente la independencia total del conocimiento científico y las determinaciones espacio-temporales de la ciencia, proponen el problema de la autonomía de la soberanía del federalismo, es decir, de las gobernaciones, como semejante a lo que reitera a la ciencia el reconocido privilegio epistemológico en relación con una ideología, en cuanto estructura el propio desempeño como función autónoma, si bien integrada en el contexto general del Estado.
En la relativización generalizada del derecho y de la economía ha prevalecido un reduccionismo socio-histórico sobre las condiciones espacio-temporales del comportamiento que fundamenta la visión por la cual se niega la pretensión de validez absoluta de las ciencias jurídicas y económicas para afirmar también para ellas el principio de “autonomía-dependencia” del sistema democrático, que impone una “autorreorganización”, aunada a la convicción de que todo conocimiento es una reconstrucción del mundo exterior, no su reflejo, es una experimentación de lo nuevo que se va a construir.
La perspectiva de nuevas relaciones entre Estado y sociedad atribuye al federalismo prerrogativas jurídicas con las cuales la soberanía ínsita en su autonomía afirma los valores y principios evolutivos de la postura innovadora con la cual permea el desarrollo y el crecimiento de la nación, otorgando la contribución específica que la descentralización democrática puede aportar a la estructura de la república. Pero ¿cuál es la dimensión y la característica que debe tener esta soberanía especial atribuida al federalismo?
Establecido el marco jurídico-institucional en el ámbito interno e internacional de la acción, la soberanía no es transferible: solo en la evolución de los procesos de integración, los Estados participantes, para facilitar la implementación de las decisiones y las estructuraciones de competencia de la comunidad integrada, cederán al órgano supranacional parte de la esencia de la cual está constituida y que será “ipso iure” compensada por la soberanía cedida por los otros miembros participantes, en pleno respeto del principio de reciprocidad.
Pero en la relación de la soberanía entre Estado y federalismo prevalece el principio de la repartición de competencia y no injerencia para facilitar, en el signo de la evolución, el implícito proceso de adaptación jurídico-normativo, de organización y estructuración por el cual el federalismo asume su propia soberanía, mientras que el Estado se somete por su propia voluntad y escogencia del modelo escogido en lo económico, lo político y lo social, para ampliar la participación democrática de los ciudadanos e incrementar el crecimiento.
El funcionalismo del Estado es un holismo en el cual las estructuras federativas, si bien conservan su propia autonomía decisional, concurren para estructurar su unidad. De este modo el ejercicio de la soberanía de las gobernaciones realiza por la propia estructura normativa los cambios institucionales para plantear la nueva tipificación del desarrollo y transformar la sociedad rentista en una industrializada. Son cambios trascendentales de la estructura del Estado que requieren la formulación de las decisiones políticas con sentido de responsabilidad democrática: es decir, que se vislumbra una nueva visión del Estado, de su gobernabilidad y su gobernanza.
La coyuntura interna de carácter político, económico y social en las cuales se encuentra el Estado venezolano queda estrictamente ligada a las relaciones internacionales de dependencia para colonial en cual opera el Ejecutivo nacional para cumplir con los compromisos del proyecto político castro-comunista del cual es portador y financiador, pero que podría encontrar una nueva configuración en el federalismo: un desemboque adecuado de superación y de alternativa a la ineficiencia demostrada por la planificación del desarrollo endógeno, ya que sería muy fácil demostrar que la caída del producto interno bruto a menos de 10% en 2016 y menos de 25% en el presente año es atribuible solo parcialmente a la caída del precio del petróleo y a su disminuida producción.
La conexión necesaria entre legitimidad constitucional y ejercicio del poder resalta la acción gubernamental que debe ser fundamentada en la legalidad para que la soberanía pueda expresar su capacidad para alcanzar los objetivos definidos por la Constitución, por supuesto en el marco de un real sistema político democrático en el cual la racionalidad propia del funcionalismo del Estado viene caracterizada por la estructura federalista y su comportamiento. Es necesario entender que la calidad de este desempeño institucional es parte de la “función” del sistema trasnacional en su conjunto, lo cual implica unidades que interactúan entre sí de acuerdo con pautas más o menos regulares, junto con los otros actores que conforman la estructura del Estado. Por supuesto, el término “actor” se refiere a toda autoridad, organismo, grupo o persona capaz de desempeñar una función en la escena nacional e internacional (Merle, 1991).
Cuando en el comportamiento de las instituciones se producen desviaciones, se inducen condiciones de inestabilidad que perjudican la gobernabilidad del país, es decir, la posibilidad de precisar escenarios futuros y anticipar soluciones, la ingobernabilidad favorece cambios abruptos en el marco político, económico y social que tienen su origen en la demanda de recomposición que ha sido generada por la irracionalidad con la cual ha sido conducida la gestión del poder.
Sin embargo, las incongruencias y la degradación de una gerencia niega las verdades que emergen de la política macroeconómica y perjudica la supervivencia de las futuras generaciones: se crea una crisis institucional, que por el estatus de necesidad, encuentra su natural síntesis en la convergencia de los factores económicos, políticos y sociales que se intersecan y que proponen la sustitución y renovación del ejercicio del poder no solo del gobierno central, sino también de las autoridades que gestionan las instituciones del federalismo.
Entonces, se trata de asumir responsabilidades políticas para imprimir al manejo de la economía el carácter distintivo de un nuevo proyecto de desarrollo de país, propiciando una política de crecimiento que transforme la sociedad rentista en una productiva y que, al mismo tiempo, quiere restablecer la democracia formal y sustancial como sistema político opuesto a la autocracia y la ineficiencia que ha caracterizado la gestión precedente que debe ser necesariamente sustituida.
Las discrasias que derivan de la división social del país y de la contraposición política a los valores y principios constitutivos de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, deben ser adecuadas a la nueva instancia política, económica y social exigida por un federalismo concebido como instancia descentralizada de la organización de la sociedad. No se debe olvidar que la soberanía de la nación es la referencia suprema e independiente que reside en el pueblo y se ejerce solo por medio de sus órganos constitucionales representativos en los límites y atribuciones definidas por la carta magna.
Es oportuno añadir que junto con un moderno funcionalismo del Estado, el federalismo debe perseguir las más amplias libertades individuales y colectivas que permitan gradualmente quitarse el peso de las necesidades: deriva un sentido de la libertad que se transforma en sinónimo de aquella moralidad sin la cual la “res pública” quedaría en un estatus latente del cual se puede salir, según las palabras de Raz, en “The Morality of Freedom” de 1986, “… a través de las formas de gobierno que puedan tomar, política y moralmente, el ideal democrático en su relación con el capitalismo…” para posibilitar a los ciudadanos condiciones de siempre mayor libertad y justicia social.
En conclusión, de esta visión conceptual parece lógico deducir que el federalismo representa, bajo forma descentralizada del poder central, pero homogénea en el ámbito territorial, el instrumento autónomo e idóneo a través del cual se pueden ampliar las libertades políticas, económicas y sociales que caracterizan las instancias evolutivas de las diferentes estratificaciones de la sociedad y del mismo Estado.