Si faltaban argumentos para la intervención humanitaria, este horrendo asesinato viene a legitimar su aplicación con la plenitud de las razones del derecho nacional e internacional. Su urgencia debe ser la primera prioridad de las democracias del mundo. O muy pronto Venezuela será el país de los asesinatos en la Torre.
Las aberraciones no encuentran límites bajo el dominio y la hegemonía de una de las dictaduras más sangrientas, mortíferas y sin duda alguna la más devastadora que haya conocido la historia de Venezuela. De las numerosas anteriores, todas tienen algún saldo favorable a su haber: la de Pérez Jiménez, el progreso material, el enriquecimiento urbanístico, el caudal migratorio que nos enriqueció con el aporte culto y laborioso de la inmigración europea hasta poner a Venezuela en los umbrales de la modernidad y el desarrollo que nos permitió el acceso a la plena existencia del Estado de Derecho. De la de Gómez, que abarca junto con la de Cipriano Castro el primer tercio del siglo XX, la fundación del Estado moderno, el fin de los desórdenes y montoneras, la organización de nuestras Fuerzas Armadas y la fundación de nuestra hacienda pública.
Ninguna de ellas arruinó al país, dispuso y festinó riquezas tan caudalosas, corrompió y envileció a tal extremo a la sociedad venezolana como lo ha hecho esta aberrante “revolución socialista”. No puede mostrar otras obras que el asesinato de medio millón de venezolanos y la huida del país de 4 millones de seres humanos, el saqueo y robo de divisas realizado por altos funcionarios de gobierno por más de 300.000 millones de dólares, el desquiciamiento y la ruindad de nuestros hospitales y escuelas, todas por los suelos, universidades e instituciones de la cultura que se han vaciado de su personal profesional y docente de funcionamiento al extremo de que bien podrá hablarse de una brutal invasión seguida de una guerra de exterminio. Pues el colmo de sus aberraciones fue la renuncia y entrega de nuestra soberanía a los invasores cubanos. Y como para rizar el rizo, obra de un teniente coronel de ejército, sus comandantes, espalderos y mesnadas. El mismo ejército que se reclama del influjo formador de Simón Bolívar, el Libertador, para convertirse en la principal plataforma de acumulación, expendio y distribución de narcóticos a escala mundial. Lo que unido al servicio prestado al terrorismo expansivo de sus aliados musulmanes en la región, daría suficientes motivos para que los países hemisféricos, comenzando por las primeras potencias de Canadá y Estados Unidos, en honra de sus obligaciones e históricos derechos políticos y territoriales, hubieran venido en nuestro auxilio, hubieran desalojado a los tiranos, expulsado a los invasores cubanos y restablecido el pleno Estado de Derecho. Los hubieran avalado no solo la llamada Doctrina Monroe –América para los americanos–, ya francamente violada y ultrajada por Rusia y China, que pusieran una lanza en Flandes hace ya sesenta años con la Revolución cubana ante la insólita aprobación del gobierno demócrata de Estados Unidos, y hoy se han hecho de la propiedad material de Venezuela a precio de gallina flaca. Sino el derecho de gentes: la guardia y custodia de nuestros derechos humanos.
¿Permitirían China y Rusia que Estados Unidos y Canadá se apropiaran de Corea del Norte, como estos han permitido que Rusia y China se apropien de Venezuela, país prácticamente fronterizo con Estados Unidos? La situación es a tal grado aberrante que permite dudar muy seriamente de la naturaleza real del poder global de Estados Unidos, un poder que se corresponde con el pleno dominio de lo que Carl Schmitt llamara “el nomos de la Tierra”, el poder espacial que combina el predominio por tierra, mar y aire.
El asesinato del concejal Fernando Albán, cometido con absoluta impunidad y alevosía en las mazmorras de los servicios represores del Estado venezolano, bajo la tuición de la vicepresidente de la tiranía Delcy Rodríguez, y el enmascaramiento de la Fiscalía General de Venezuela, bajo la mirada aprobatoria del fiscal Tarek William Saab, dan cuenta de una tiranía insostenible, que debe ser desalojada por los medios que sean necesarios.
Si faltaban argumentos para la intervención humanitaria, este horrendo asesinato viene a legitimar su aplicación con la plenitud de las razones del derecho nacional e internacional. Su urgencia debe ser la primera prioridad de las democracias del mundo. O muy pronto Venezuela será el país de los asesinatos en la torre.