Desde el primer momento los venezolanos le vimos las costuras a la barbarie roja, cuando a toda prisa anunciaban la decisión de convocar una “asamblea constituyente”. En el fondo lo que buscan es consumar el golpe de Estado definitivo, liquidando la Constitución democrática. Una camarilla que desconoce la voluntad popular, y en un perfecto fraude procesal, congela la representación de todo un estado al Parlamento Nacional, hasta llegar a clausurarlo con sendas sentencias emanadas de la Sala Constitucional; unos personajes que fabrican una historieta truculenta para confiscar la tramitación del referéndum revocatorio, y además deciden no hacer las elecciones regionales al vencimiento del mandato, no va a venir de buenas a primeras con una propuesta auténticamente democrática, de convocar al poder constituyente.

Sin entrar a estudiar los detalles de inconstitucionalidad de la forma como el Sr. Maduro ha planteado el asunto, lo más trascendente es ver lo que se está moviendo detrás del telón, y las verdaderas intenciones que mueve a la cúpula gobernante al impulsar esta iniciativa.

De plano descartamos cualquier intención sana en dicha iniciativa. Fracasada la operación de cierre final de la Asamblea, y el sometimiento a prisión de un importante grupo de los diputados que la integran, por el rechazo interno e internacional que las sentencias 155 y 156 generaron, el régimen tomó el atajo del fraude constitucional masivo para buscar darle algún revestimiento de legitimidad y legalidad a la única motivación que les impulsa en sus actuaciones. No es otra que el aplastamiento político, institucional y físico de la disidencia y dirigencia democrática de la sociedad venezolana.

Si no rechazamos con firmeza esta iniciativa terminarán armando un simulacro de asamblea constituyente, desde donde clausurarán formalmente la actual Asamblea Nacional, destituirán a la fiscal general de la República, y buscarán para suplirla a una señora que no vaya a atreverse a discutir las órdenes de Miraflores, eliminarán los estados y municipios, como ya se planteó al comienzo de la derrotada reforma constitucional de 2007, establecerán un parlamento al estilo cubano, elegido en segundo grado desde los mismos cuadros controlados del PSUV, y eliminarán la elección universal y directa del presidente de la República para retroceder casi un siglo, consagrando su elección en segundo grado, por la que llamarán Asamblea Nacional del Poder Popular. De esa forma lograrán imponer un texto constitucional que satisfaga los deseos de la dictadura de contar con una base jurídica, que les permita justificar su barbarie.

Algún ingenuo o partidario de la “revolución bolivariana” podrá alegar que estamos exagerando. Los más de veinte años que llevamos ejerciendo nuestro derecho democrático a la disidencia de esa política nos han enseñado a conocer el pensamiento y la forma de actuar de la camarilla gobernante.

En el mejor de los casos, la misma busca colocar la dinámica del proceso político en una situación tal que les permita ganar tiempo, hasta que las circunstancias les permita una solución que ellos estimen posible en el marco de su cosmovisión del poder y de su vida misma. En ese escenario la lucha de la sociedad democrática debemos mantenerla de manera constante en el campo de la protesta pacífica y de la acción política interna y externa, enmarcada en los parámetros democráticos. Este tipo de lucha ha generado la movilización creciente y masiva de nuestro pueblo, pero también el pronunciamiento progresivo de la comunidad internacional.

En estos tiempos esos dos factores hacen ingobernable una sociedad. Y en el terreno de las realidades políticas y económicas, el gobierno “socialista y bolivariano” no está gobernando. No está generando políticas públicas capaces de atender las severas y múltiples necesidades de nuestra sociedad. Con ese cuadro podemos conseguir el mecanismo que nos permita abrir los caminos hacia el anhelado cambio del régimen.

Mecanismos constitucionales y pacíficos para resolver la crisis hay varios, unos más expeditos que otros. Por cierto la asamblea constituyente, por su misma naturaleza y por lo prolongado de su tramitación, resulta de los más complejos y peligrosos. Pero si ese fuere el único método que acepta la cúpula roja, se podría aceptar en los sectores de la sociedad democrática, solo y solo si es de estricta factura democrática. No puede ser jamás un simulacro de asamblea constituyente, como la describió el señor Maduro, en su alocución del pasado 1° de mayo.

Si la camarilla política y militar que gobierna quiere convocar una asamblea constituyente, pues que no pretenda vulnerar la letra y el espíritu de la Constitución de 1999, y nuestro mismo proceso histórico en esta materia. Ello significa aceptar a la letra el texto del artículo 347 constitucional que reza de manera clara y categórica: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución”.

Está claro aquí que quien convoca es el pueblo de Venezuela, no el presidente de la República. Él solo tiene “la iniciativa” de proponerle al pueblo que la convoque (artículo 348 CN), y este a través del voto, en un referéndum, decide si lo hace o no.

Si Maduro y sus colaboradores someten a referéndum la convocatoria, y las bases comiciales que determinen la forma de elegir a los integrantes de dicha asamblea, los demócratas podemos entrar a participar. Mientras lo que esté impulsando sea un fraude a la Constitución y a nuestra historia, no tenemos otro camino que rechazar dicha maniobra con toda nuestra fuerza espiritual y política.


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