Opinión

El Arco Minero y la tragedia de los comunes

Si con frecuencia resulta conveniente en todo orden de la vida detenerse a meditar sobre las decisiones y actos que forman nuestro quehacer diario, considerando que el error y la finitud son ingredientes constitutivos de nuestra naturaleza humana y al mismo tiempo vehículos de reconocimiento para la exitosa mejoría de nuestra condición –desde la autoestima y el desarrollo individual, incluidas las relaciones humanas, hasta llegar a los medios y actividades que posibiliten el progreso económico, entre tantas otras según los fines de cada cual–, con más razón debería suceder frente a la adopción de leyes, medidas y políticas que tendrán incidencia directa en el entorno de vida en que nos desenvolvemos, sobre todo si se trata de una nación como la Venezuela actual, donde cada decisión, individual y colectiva supone no solo elevados costos con muy estrechos márgenes de error, sino que, desafortunadamente, pueden enrumbar al país hacia la súbita y prolongada noche a expensas de numerosas vidas.

Inserto en el retrato de caos, violencia, incertidumbre, dolor y miseria que hoy asciende al interior de nuestras fronteras con la instalación de la espuria asamblea nacional constituyente, se avanza paralelamente y en silencio con la pretensión de devorar los recursos y espacios naturales de la menguante República, a través de la explotación indiscriminada de áreas ecológicas protegidas para la extracción ilícita de oro y otros metales preciosos, alimentado por el desamparo jurídico y la inexistencia del Estado de Derecho, hoy más cerca de establecer comparación con un Estado fallido totalitario y gansteril. Nos referimos a la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco, decreto presidencial publicado en la Gaceta Oficial en febrero de 2016 que, según reportes, conllevó una inversión de 4.500.000.000 dólares y se extiende a lo largo de 12 millones de hectáreas para la minería en el sureste de Venezuela, dimensiones mucho mayores que la superficie de países como Costa Rica y Panamá, sin la autorización y evaluación del Parlamento nacional que señalaría, en aquel momento, que dicha iniciativa “representa una amenaza a la soberanía nacional, al pretender otorgar ilegalmente concesiones o contratos de interés público nacional a 150 empresas de 30 países diferentes”. Así, la división territorial de la sierra de Imataca y su reserva forestal, los ríos Caura, Caroní y la zona de la Paragua en los estados Bolívar y Delta Amacuro –a los que se puede añadir el Parque Nacional Canaima–, espacios bajo régimen de administración especial por su importancia ecológica, quedan prácticamente suprimidos del mapa, con las implicaciones étnicas, económicas, ambientales y culturales que tal medida de fuerza involucra, víctimas del aprovechamiento indiscriminado de los recursos por toda clase de extractores furtivos, gobiernos autoritarios, empresas fantasma para la legitimación de capitales y compañías multinacionales de dudosa probidad que no atienden la Constitución y los llamados del Congreso venezolano, transgrediendo así la soberanía nacional bajo la aquiescencia –acaso complacencia– de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás autoridades, fotografía impúdica que recuerda a lo advertido por Garrett Hardin y su tesis de la tragedia de los comunes; es decir, el volcamiento hacia la explotación irracional de los recursos que no cuentan con un dueño definido, generando los incentivos para la rapiña y la devastación, pero endosando los costos ecológicos y humanos a los habitantes de las comunidades indígenas residentes.

Y es justamente este escenario el que permite ilustrar las consecuencias desprendidas de la ausencia de derechos de propiedad bien definidos y garantizados por instituciones sólidas, que generen estabilidad y produzcan las condiciones para labrar el camino hacia prosperidad de las personas, especialmente en estas comunidades autóctonas por lo general subestimadas por políticos y funcionarios gubernamentales, que los asumen como ajenos a la globalización, a la economía de mercado, a los negocios y a la comprensión del valor de ser propietarios del subsuelo, así como los recursos en él contenidos, apostando por mantenerlos al margen de sus derechos individuales, familiares e impidiendo el posible despegue de su productividad, entorpeciendo con ello la capacidad de responsabilidad, reproducción del recurso y cuidado del ecosistema como rasgos intrínsecos a la propiedad privada.

El Arco Minero es la consumación de una serie de errores políticos y legislaciones cuestionables del pasado –como lo fue en 1997 el Nuevo Plan de Ordenamiento para la Reserva Forestal de Imataca, que permitía la explotación de oro en una porción importante de esta zona protegida inicialmente por la Constitución de 196– que solamente han asegurado la supremacía del Estado sobre la tierra –lo que significa que en la práctica nadie sea el dueño–, especialmente en zonas vinculadas al petróleo y la minería, negando con ello que se reporten beneficios a los grupos locales, por medio de oportunidades de empleo, inversión o intercambios comerciales que de otra forma se lograrían mediante su participación directa. Al presente son grandes y delicados los desafíos que enfrenta la sociedad venezolana en su ruta hacia la restitución de la República y la democracia, ejemplo de ello lo representa la arbitrariedad cometida con el Arco Minero, pero también lo es el hecho de reconocer aquellos errores propios que como país hemos validado si aspiramos a desmontar viejos mitos y manipulaciones cuyos frutos hoy recogemos, razón por la cual conviene colocar cada uno en perspectiva procurando evitar el desasosiego casi inevitable en horas tan sombrías, que exigirá de suyo mucha imaginación, astucia y convicción ciudadana. Dijo el gran Thomas Jefferson: “El precio de la libertad es su eterna vigilancia”, reformulado el pensamiento para los venezolanos, al menos para los que así lo decidan cuidadosamente en las horas que transcurren, puede que sea “el precio de la libertad será su dedicación y entrega”.