Es abismal la distancia entre la realidad del país y el modo como el gobierno la diagnostica y empeora, con sus dichos y acciones, silencios y omisiones. Lo cierto es que el desastre que se agudiza día a día ya no admite diagnósticos gubernamentales a conveniencia para propios ni extraños.
Apenas señales de esa enorme brecha se encuentran en una serie muy reciente de estudios en los que se evidencia la escala de nuestro trágico aquí y ahora, uno para el que no hay disimulo posible, entre otros: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; lo que vamos conociendo de los resultados de las Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (Encovi 2017) preparado conjuntamente por la UCV, la UCAB y la USB; el Índice de Percepción de Corrupción 2017 de Transparencia Internacional; el análisis de colapsos económicos publicado por José Manuel Puente y Jesús Rodrígue, Venezuela en etapa de colapso macroeconómico: un análisis histórico y comparativo y el Índice de Democracia 2017 publicado por la Unidad de Inteligencia de The Economist.
En días pasados, en un foro en homenaje a Arístides Calvani, correspondió a quien estas líneas escribe tratar lo que el mismo Calvani definía como la dimensión “histórica coyuntural” de la gestión exterior. La describía como el “aquí y ahora” mirado a través del cristal de las ideas que inspiraban las actuaciones gubernamentales en las relaciones internacionales.
En sus años como canciller del primer gobierno de Rafael Caldera, entre esa consideración oficial del aquí y ahora, por un lado, y la de la sociedad sobre su lugar y momento nacional e internacional, por el otro, podían identificarse diferencias mayores y menores, propias del pluralismo en democracia. En efecto, entonces no dejó de haber debate sobre el modo como fueron considerados temas como la reclamación del Esquibo y la decisión de congelarla por doce años a través del Protocolo de Puerto España, lo mismo que la iniciativa de acercamiento a Cuba o las implicaciones que en un continente plagado de dictaduras tendrían las tesis del pluralismo ideológico y la solidaridad pluralista, en relación con lo que había sido la doctrina Betancourt. Con todo, en ninguno de esos temas se ponía en cuestión el orden democrático y de derecho interno ni el cumplimiento con principios y compromisos internacionales a cuyo perfeccionamiento apuntaban, por ejemplo, las tesis de la justicia social internacional y el bien común universal, por polémicas que pudiesen resultar.
Muy distinta ha sido la versión del aquí y ahora desde la cual ha venido actuando el gobierno venezolano a partir de 1999. Y no tanto porque, obviamente, mucho ha cambiado el mundo, sino por verlo a través de concepciones cada vez más lejanas a lo valorado y requerido nacionalmente. Vimos que la democracia fue adjetivada como participativa hasta sofocarla con las nociones de la revolución socialista, y la integración regional y la cooperación fueron redefinidas como sistemas clientelares y de alianzas. En cuanto a la seguridad del Estado, tan necesitada de cooperación internacional en tiempos de acentuada interdependencia para lo bueno y lo malo, se concentró en la seguridad del gobierno, a cualquier precio, ante los que fueron considerados, en una lista cada vez más abultada, como sus enemigos internos y externos.
Desde tal modo de construir su lugar y momento, el gobierno se fue aislando del país y del mundo. Esto fue, en parte, deliberado: para cerrarse a presiones, influencias y decisiones protectoras de la democracia y los derechos humanos, la cooperación internacional en seguridad, la integridad electoral y el escrutinio de las opacidades institucionales y en los negocios. Pero todo eso también fue contribuyendo a otro aislamiento, uno no buscado, interior y exterior, que ha debilitado al régimen mismo. Es el que se evidencia y crece en la brecha enorme entre la magnitud de la catástrofe que viven los venezolanos y la indolencia del gobierno que les da la espalda, entre la manifiesta urgencia y exigencia de cambios y la pretensión reeleccionista acompañada por todos los impedimentos concebibles e inconcebibles a un proceso electoral íntegro.
Es esa la situación crítica ante la que se han multiplicado las exigencias internacionales de elecciones limpias en la segunda quincena de febrero, como han sido las manifestadas por el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos y Europa (los veintiocho de la Unión Europea más diez países extracomunitarios), para solo mencionar conjuntos de países que no se engañan con el cambio de fecha de las presidenciales ni mucho menos con el enunciado de garantías que no son tales.
Ahora bien, las señales prometedoras más importantes se hacen sentir y deben seguirse haciendo sentir nacionalmente, en la sucesión de manifestaciones de voluntad de acción concertada, desde la sociedad y desde el liderazgo político democrático. Esa es la unidad democrática que hay que cultivar, en la sociedad y como exigencia a dirigentes y partidos políticos, aquí y ahora, con prisa y sin pausa, que se hace tarde.