Opinión

Apagón

Pedro Morales

La opinión de

En al menos 55% de los hogares venezolanos existe la carencia y la imposibilidad económica para adquirir medicamentos que permitan el sostenimiento de una buena salud y vida en toda su concepción. Como muestra de tal padecimiento:

1) basta con tener un vivencial, pero de carácter netamente humano, en los distintos centros hospitalarios (sin sesgo político nacional o internacional), y particularmente, en la sala de emergencia pediátrica y los pisos 7 y 8 del HULA de Mérida, donde la desnutrición agravada y los distintos casos de enfermedades crónicas (como leucemia, hepatitis, diabetes y pare de contar) que presentan gran número de infantes, ponen en alto riesgo su esperanza de vida y, por ende, el de la sociedad entera: “los niños son el presente y futuro”;

2) solamente en el núcleo y entorno familiar que me corresponden, se tiene por un lado la imperiosa necesidad de tratamiento médico diario (por hipertensión, tiroides, síndrome metabólico, artritis, diverticulosis, depresión y ansiedad), y además, una urgente intervención quirúrgica. Pero con el salario “infravital” que se devenga en relación con el crecimiento de la tasa de inflación con tasa exponencial, todo es imposible de cubrir con la premura que exige cada caso. Y, lamentablemente, estas situaciones no pueden esperar a que llegue el turno en los planes de salud del Ejecutivo nacional o en las “bolsas humanitarias” del exterior.

Mientras sigan existiendo niños desnutridos por carencia de nutrientes, la población entera sufriendo de enfermedades con altos riesgo de fatalidad porque no se pueden tratar debidamente, y gran número venezolanos inocentes falleciendo en manos del hampa y del terrorismo en cualquiera de sus formas y modalidades, se mantendrán, indefinidamente, la pobreza y la miseria en el tiempo, y para nada se podrán encontrar las anheladas “paz y libertad”.

Todo ello como consecuencia de continuar terca e insensatamente con la “conflictividad política irracional”, que sin duda alguna está motivada por “factores externos imperiales de diferentes bandos”, que impiden buscar una solución civilizada atinente a nuestra propia identidad y conveniencia.

El apagón nacional que se produjo el pasado jueves 7 de marzo y que hasta este momento (miércoles 13 de marzo a la 1:00 am) aún se mantiene en algunas zonas de Venezuela, independientemente de las razones técnicas, cibernéticas, gerenciales, naturales o personales que lo justifiquen, es un acto criminal e inhumano, cualquiera sea la procedencia de sus autores intelectuales y materiales, y lo único que ha generado es un mayor sufrimiento, calamidad y desesperación en toda la sociedad, sin ningún tipo de distinción.

Todos los que consideren que esta tragedia nacional se resuelve a través de una intervención militar extranjera (que pareciera era el objetivo que pretendía el “apagón” inducido y deliberado), están en pleno derecho de expresar su pensamiento. No obstante, lo que un respetable grupo de ciudadanos considere como la gran verdad, no quiere decir que para todos los demás sea la única, absoluta e irrefutable. En todo caso, si se apela al artículo 187 constitucional (numeral 11) no se debe desvincular del respetivo artículo 71: “Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo…”.

En efecto, la solución está por el lado de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dado que precisamente el conflicto político actual proviene del irrespeto sistemático del cual ha sido víctima la “norma fundamental”: el mismo artículo 233 ha sido sometido a una interpretación vaga, arbitraria, sesgada e inconstitucional.

Porque si nos centramos en la sensatez constitucional, la ilegitimidad presidencial que se arguye en la palestra política nacional y que es la génesis inmediata del “apagón constitucional” en Venezuela, nace de la convocatoria a iniciar el proceso constituyente en el año 2017 sin cumplir a cabalidad con las mismas pautas establecidas que se remiten a las raíces del poder originario en el que reside la soberanía (artículo 5), y que traen como resultado que la asamblea nacional constituyente sea ilegítima y, por tanto, nulas todas sus decisiones, incluidas la solicitud de elecciones presidenciales realizadas en el año 2018.

En concreto, urge encontrar una salida constitucional a esta “emergencia política compleja”, pero a través de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, que cumpla rigurosamente con todos los requisitos de ley, en la que sea el pueblo el que la apruebe y se inicie de inmediato un proceso de relegitimación de todos los poderes públicos.

Fuente: “Perspectiva económica y académica contemporánea”. UNET. Años: 2018-2019.

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