Mientras las familias de todo el país llevan una existencia que consiste en sumar y sumar dificultades y preocupaciones diarias –la más reciente, la del destino fatal que podría tener el sistema financiero venezolano en muy corto plazo–, la ilegal, ilegítima y fraudulenta asamblea nacional constituyente continúa sesionando a espaldas de la sociedad.
Nunca serán suficientes las palabras que se inviertan en denunciar lo que esto significa: violando los clarísimos e inequívocos procedimientos establecidos en la Constitución, el régimen inventó una fraudulenta asamblea nacional constituyente que está, sin que haya información alguna al respecto, produciendo un nuevo texto constitucional. Violando otra vez la Constitución convocaron a unas elecciones presidenciales que, desde su origen, son también ilegales, ilegítimas y fraudulentas. Por lo tanto, ese proceso electoral está al margen de la legalidad, lo quieran o no sus participantes.
Pero además de lo anterior, está un hecho que muchos parecen interesados en olvidar, que está vigente y que tiene una inmensa relevancia política: que casi 8 millones de venezolanos nos expresamos, en julio de 2017, en contra de la asamblea nacional constituyente. Le dijimos no en una jornada histórica y sin antecedentes, rechazo que cada día adquiere una pertinencia mayor. A ese rechazo se sumaron, nadie debe olvidarlo, gobiernos de distintas partes del mundo, parlamentos, organismos supranacionales, organizaciones que defienden los derechos humanos, academias, expertos en la materia jurídica, las universidades, los gremios empresariales, sindicatos y una lista interminable de instituciones de todo tipo.
Tan vigente está esa categórica demostración política, tan rotunda fue en sus resultados, que la misma asamblea nacional constituyente ha intentado –en vano– legitimarse, a través de distintos mecanismos: en algún momento liberó a un grupo de presos políticos; más adelante convocó a estas elecciones presidenciales regidas por un Consejo Nacional Electoral totalmente dominado por el oficialismo, que opera con descaro a favor del régimen y sobre el que pesa el señalamiento, hecho por Smartmatic, de haber forjado los resultados que habrían elegido a unos supuestos constituyentes. En otras palabras: los propios miembros de esa ANC carecen de legalidad. Son frutos de un fraude.
Lo que ocurrirá el próximo 20 de mayo es previsible: la inmensa mayoría de los electores se quedará en sus casas; los CLAP, las UBCH, las entidades públicas, las milicias, los uniformados, los colectivos y otras decenas de agrupaciones de carácter fascista, obligarán en barrios, pueblos y a los miembros de las instituciones bajo su control, a ir a votar; pondrán en marcha una campaña de comunicación que mostrará colas y colas de electores –ya la selección de las tomas que usarán está lista–; Maduro será declarado ganador con una votación alrededor de los 10 millones de votos. Estos son elementos de un megafraude anunciado. Hay síntomas cada vez más claros de que el gobierno se dispone a extremar los mecanismos para obligar a las personas a ir a votar.
Pero hay una pregunta que algunos se hacen, incluso de forma retórica: ¿qué pasaría si el guion es otro? ¿Qué pasaría si el plan consiste en escenificar una bufonada –la que sea, triunfo de Quijada, de Bertucci o de Falcón– y Maduro, supuesto derrotado, se convierte en el jefe de facto de la asamblea nacional constituyente, apoyado por el Alto Mando Militar?
Lo que pasaría es que las cosas continuarían por la ruta hacia el despeñadero. El dar un paso a favor de la legitimación de la asamblea nacional constituyente lo que haría es subsumir la presidencia del país a los dictámenes de esa entidad ilegal, ilegítima y fraudulenta. Maduro conservaría el control del poder, pero desde otra instancia. El drama de Venezuela no se limita a quién está en la presidencia. La podredumbre se extiende al conjunto del régimen –ANC incluida–, y es en contra de toda esa estructura de corrupción y represión que debe actuar la sociedad venezolana.
Después del 20 de mayo el deterioro continuará. Otra pregunta posible es la relativa a las consecuencias que tendrá la jornada, a la reacción del pueblo venezolano ante los modos en que muchos serán conducidos por la fuerza hasta las mesas de votación. La respuesta a esta pregunta es evidente: crecerá el rechazo y el hartazgo hacia Maduro y hacia quienes lo sostienen.