Algo muy curioso ha venido sucediendo con el entorno geopolítico mundial, la economía mundial no se ha afectado aun cuando este entorno se ha vuelto más peligroso. No obstante, el peligro del entorno geopolítico para este 2019 parece, ahora sí, amenazar no solo el destino del bienestar económico de la población mundial, sino, también, las pretensiones de los gobiernos en transformar la economía hacia la innovación, que les permita atender los problemas de desigualdad y pobreza. Algunos de estos peligros ya pueden observarse: confrontación cibernética con Rusia, guerra con Irán, implosión en Europa, guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, entre otros. Paralelamente, existen otros entornos geopolíticos peligrosos localizados en América Latina como, por ejemplo, en Venezuela, Brasil y México. Particularmente el caso de Venezuela ha venido siendo analizado con mayor interés por parte de los estudiosos de la economía y de las ciencias sociales a escala global, sobre todo, cuando se desea analizar la pérdida de la riqueza de las naciones.

En anterior oportunidad se ha hecho mención de que 2018 era un año de definiciones estructurales para los países de América Latina, en su pretensión para poder crear las bases que le permitieran adaptar sus políticas y sus instituciones a los nuevos modo de la economía global con acento en la innovación (El Nacional, 02-01-2018, “2017 y la política de innovación sin innovación política”). Esto no solo no ha ocurrido, sino que, además, los problemas e inestabilidad política se radicalizan aún más en la región. La sociedad latinoamericana en general se observa bajo una latente pasividad política e improductividad económica que no permite crear y fortalecer las condiciones mínimas que permitan potenciar las capacidades innovativas nacionales, democratizar y socializar la innovación e impactar en la reducción de los problemas de exclusión y pobreza. Y es que la dinámica de la innovación global ha dejado bastante claro un principio para la transición hacia una nueva economía: la cooperación entre países bajo una línea unificada y estable de esfuerzos gubernamentales.

En este 2019 tendrán lugar seis comicios presidenciales: El Salvador, Guatemala, Uruguay, Panamá, Argentina y Bolivia. Lo que suceda allí podría cambiar de cierta forma el panorama geopolítico regional. Además, están las incertidumbres políticas y económicas que se comienzan a observar en los tres países más poblados de la región y que recientemente han escogido nuevos presidentes (Colombia, México y Brasil). Y, finalmente, las consecuencias de la inestabilidad política en países como Nicaragua y Venezuela, los cuales terminarán de configurar un mapa geopolítico en la región, el cual no es posible a priori calificarlo.

Aun así, existen expertos en economía que basados en la inversión externa que tendrá la región para este 2019, afirman que el PIB crecerá alrededor de 2,1% en comparación con el 1,3% experimentado en 2018. Sin embargo, la heterogeneidad de la intensidad de estas inversiones en los países con conflictos políticos, sin duda, afectará de forma definitiva las estimaciones económicas para este 2019. Pero además –y así ya está demostrado– inversión externa no significa necesariamente mayor productividad ni mayor capacidad innovativa y de exportación.

Guatemala y El Salvador, que se encuentran en los lugares 102 y 104 respectivamente del Index de Innovación Global 2018 y detrás de países como Ruanda (99) y Senegal (100), tendrán que superar los problemas de corrupción y migración para poder tanto estabilizar el presupuesto gubernamental en el corto y mediano plazo y transformar las políticas de educación, ciencia y tecnología como para aprovechar el conocimiento de sus nacionales en el aumento de una mayor tasa de productividad. Panamá, al igual que Guatemala y El Salvador, no escapan del problema de la corrupción, el cual afecta el aumento del potencial productivo nacional. El país se encuentra en el lugar 70 del Index de Innovación con un fuerte sector de servicio soportado por la inversión externa. Aun cuando Panamá presenta una visión muy optimista de crecimiento de su PIB en 2018 de cerca de 5,9%, el país sigue siendo extremadamente vulnerable por su falta de transformación productiva e innovativa en el sector agrícola y también por la inestabilidad que presenta del sector de la construcción producto de esporádicas reducciones en la inversión externa. Bolivia en el lugar 117 del Index presenta estimaciones de crecimiento de su PIB para 2019 cerca de 4,7%. No obstante, la disminución paulatina de sus reservas internacionales y la fuerte concentración de inversiones en la producción y exportación de materia prima sin valor agregado, debilita el potencial del país para desarrollar nuevas capacidades innovativas. Adicionalmente la incertidumbre política por la continuación en el poder del presidente Morales no parece un escenario estable en la distribución del poder político al interno del país. Si el presidente Morales es nuevamente reelegido podría alcanzar 19 años en el poder. Uruguay continúa siendo en caso particular, sobre todo cuando se evalúa en la región la gestión gubernamental de los gobiernos de izquierda. Este país es considerado una de las naciones más estables y democráticas del mundo. No parece posible –por lo menos hasta ahora– que la Presidencia del Uruguay no continúe en manos del Frente Amplio. Las proyecciones económicas de crecimiento de ese país están alrededor de 3,5% en 2019. Sin embargo, no se descarta la inestabilidad económica que genera la disminución en el consumo del sector privado y en la inversión pública. Uruguay se ubica en el Index en el lugar 62. Argentina atraviesa por una crisis económica con alta inflación y bajo crecimiento productivo afectando el presupuesto para la innovación. El país se ubica en el lugar 80 del Index. La inversión externa y aumento de la productividad proveniente de esta inversión se han reducido de forma importante afectando la tasa de innovación actual. Argentina será uno de los países de la región donde la elección presidencial tendrá una resonancia mayor, como producto de la polarización política que se observa entre la derecha y la izquierda con mayor fuerza a partir de la crisis económica en el gobierno de Macri. Y no parece improbable que Cristina Fernández de Kirchner pueda nuevamente presentarse como candidata presidencial.

Venezuela ni siquiera aparece en las mediciones del Ranking de Innovación Global. El país presenta una profunda contracción de su PIB en más de -7%, el cual dice poco para describir el colapso económico y social actual. Además, la inestabilidad política tendrá impacto en los gobiernos de otros países latinoamericanos y en la posibilidad de que se logre cohesionar con fuerza una cooperación real entre las naciones para transitar hacia la nueva economía. Los apoyos políticos internacionales al chavismo-madurismo desde otros países de la región tendrán consecuencias en el contexto de la economía regional. México y Brasil, se ubican en el Index de Innovación en los lugares 56 y 64 respectivamente. El primero, bajo la premisa política del presidente López Obrador, «transformación pacífica pero radical», recibe un país con un alto nivel de desigualdad, pero también con un alto potencial innovativo capaz de captar un volumen importante de inversión directa extranjera. Se estima que para 2019 el PIB mexicano bajará de 2,2% a 2%, básicamente por la caída de la inversión a raíz de la incertidumbre relacionada con el TLCAN y muy probablemente por el curso político del nuevo gobierno, el cual podría peligrosamente desincentivar las inversiones. También el curso de las relaciones políticas internacionales de México con la región no parecen muy claras. Todo esto en su conjunto podría afectar el presupuesto para fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación y asimismo la pretensión del gobierno actual de elevar la inversión de estos rubros en el PIB a 1%. En el caso de Brasil ha sido notable el retroceso de la ciencia en estos últimos años. Este país ha estado afectado por la contracción económica que lentamente intenta el país superar. Bolsonaro recibe un país con volatilidad financiera y con fuertes problemas sociales que colocan a su gobierno en un estado de incertidumbre política que no será fácil superar y también colocan en incertidumbre al comercio internacional, dada la influencia de este país en la economía global. Y allí quizás estará el gran desafío del gobierno de Bolsonaro, el poder complacer las expectativas sociales y económicas en función de las promesas electorales, entre ellas el combate a la corrupción.

Por su parte, Colombia se presenta como uno de los países con mayor proyección en la región en cuanto a capacidad innovativa se refiere. Actualmente el país ocupa el lugar 63 del Index. Su ingreso a la OCDE en 2018 promoverá aún más la acción gubernamental y la cooperación internacional para potenciar la capacidad innovativa actual en sectores productivos estratégicos; no obstante, existe una debilidad en la política y democratización de la innovación conectada a los problemas de desigualdad social y pobreza. Se espera que la política económica de Colombia en su previsión de crecimiento de 3% de su PIB para 2019 esté cada vez más conectada con la necesidad de la transformación institucional que requiere la economía de la innovación. Un elemento no menos importante serán las decisiones políticas en materia de migración, dado que el país está siendo económica y socialmente afectado por la llegada de una migración no planificada, particularmente la venezolana. La respuesta gubernamental tendrá el reto de guardar un equilibrio entre la política de solidaridad para la ayuda humanitaria y las demandas sociales internas, para evitar un clima de inestabilidad política con consecuencias económicas. Finalmente, Ecuador, que ocupa el lugar 97 en el Index, presenta una particularidad a la hora de ser analizado desde la economía de la innovación, y se trata de que el sistema de innovación nacional no es funcional; los actores del sistema aún se presentan aislados, no existe transformación organizativa en las instituciones al mismo tiempo que el gobierno fomenta la innovación con estrategias altamente dimensionales. En consecuencia, el efecto y el impacto de las políticas no se observan como mecanismos de transformación institucional en el conjunto de los actores del sistema de innovación.


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