Resucitando la vieja doctrina Estrada, según la cual el gobierno de México no reconoce ni deja de reconocer a los gobiernos de otras naciones, pues lo contrario sería intervenir en los asuntos internos de otros países, el recién inaugurado gobierno de López Obrador se ha negado a pronunciarse sobre los acontecimientos políticos en Venezuela. Mientras las potencias europeas y la mayoría de los países del continente americano (con la excepción de Cuba, Nicaragua, Bolivia y algunos países del Caribe) se han pronunciado sin rodeos por el restablecimiento de la democracia en Venezuela, México y Uruguay, no lo tienen suficientemente claro, o les da igual. México mantiene la equidistancia entre los sectores en pugna, pero continúa entendiéndose con Maduro y su cúpula militar. Uruguay quiere diálogo.
Compartimos, con México, el interés porque se respete el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Pero ¡no seamos cínicos! López Obrador y el canciller de México saben perfectamente que, desde 1945, el respeto de los derechos humanos ha dejado de ser un asunto de la competencia exclusiva de los Estados, y ha pasado a ser un asunto de legítima preocupación internacional. Si quieren ser cómplices de una carnicería, que lo digan sin tapujos; pero esta no es la tradición del México comprometido con las causas nobles, que combatió al franquismo, y que rompió relaciones diplomáticas con el Chile de Pinochet.
El otro argumento de México, al igual que el de Uruguay, es el de servir de puente para el diálogo entre las partes, a fin de encontrar una solución negociada. Pero eso es dar oxígeno a una tiranía que ya lleva dos décadas en el poder, prolongando el sufrimiento de los venezolanos. La historia no nos proporciona ningún ejemplo de un sátrapa que haya negociado su salida o la transición a la democracia. Stalin y Franco murieron en la cama; la Junta Militar de Argentina salió como consecuencia de su derrota en las islas Malvinas; cuando ya no podía continuar al frente de una dictadura sanguinaria, Pinochet fijó los plazos y las condiciones para su retiro, conservando la jefatura de las fuerzas armadas; a las tiranías de Gadafi y Ceauşescu pusieron fin sus propios compatriotas, en la forma que ellos consideraron justa.
Con la ayuda de México o de Uruguay, ¿qué va a negociar Nicolás Maduro? ¿Va a convocar elecciones, con Tibisay Lucena a la cabeza del CNE, dentro de diez años y eligiendo él al candidato de la oposición? Mientras tanto, ¿va a liberar a la mitad de los presos políticos? ¿Permitirá que cada mes ingresen dos periodistas extranjeros, por tres días, a visitar los sitios que él les permita visitar y a entrevistar a las personas que él les permita entrevistar? ¿Se comprometerá Maduro a no detener, en sus casas, a menores de 12 años, y a cerrar todos los centros de tortura, menos La Tumba? ¿Ese es el tipo de diálogo que desean patrocinar México y Uruguay?
Maduro es el gobernante de facto, porque tiene el poder que fluye de las bayonetas. Pero, según la Constitución, el gobernante legítimo, y el que cuenta con la confianza y el apoyo popular, es Juan Guaidó. México y Uruguay lo saben; ¿acaso pretenden que transemos por Diosdado Cabello o por El Aissami?
¡Cómo ha cambiado México desde los tiempos en que condenaba dictaduras militares! ¡Qué distinto era aquel Tabaré Vázquez que dictaba cátedra frente a Hugo Chávez, queriendo enseñarle que el socialismo es la sintonía entre la justicia social y la libertad!
Los venezolanos no están pidiendo una invasión de Estados Unidos u otro país; por el contrario, lo que desean es que los agentes cubanos, los mercenarios rusos y los miembros de Hezbolá, desalojen la patria de Bolívar. A lo que aspiran es a ser dueños de su destino y poder vivir en libertad. Por eso, en las calles de Venezuela, la gente parece gritar: “Maduro, go home”.