Parte I. “Salario Mínimo Vital”: mandato constitucional (artículo 91).
No se debe seguir dando legitimidad ni legalidad al salario mínimo gubernamental debido a que en esencia es inconstitucional por violar en particular el artículo 91 de la carta magna que establece el “Salario Mínimo Vital”. Entonces lo que debemos posicionar es un salario mínimo muy superior a los 190 millones de bolívares (de acuerdo con la tendencia del INPC, según los propios criterios de ponderación del BCV) o de más de 300 millones de bolívares en función del valor de la canasta alimentaria presentada por el Cendas-FVM. Pero en cualquier caso, nunca los 3 millones de bolívares que pretende el gobierno seguir haciendo como oficial y cierto.
Parte II. “Esclarecimiento de los problemas…”: mandato LU (artículo 2).
“Dado el mandato establecido en la Ley de Universidades (LU), presentar por parte de Fapuv en las diferentes instancias gremiales, gubernamentales y en general del Estado venezolano donde sea posible:
- La metodología del Índice de Poder Adquisitivo Pertinente (IPAP) como una alternativa viable, factible y sustantiva de solventar los desequilibrios a nivel individual de los trabajadores y de la economía a nivel macro;
- La propuesta de un Plan Integral de Reconstrucción Universitaria (PIRU) con impacto positivo sobre la reconstrucción y reactivación del país”.
Parte III. Agravamiento y solución de la problemática nacional: IPAP-PIRU
En la teoría de los ciclos económicos las alzas y bajas son normales y hasta rutinarias en la actividad económica. No obstante, para el caso venezolano la tendencia negativa se mantendrá de forma indeterminada, pero no necesariamente por culpa de los contrabandistas, los gestores de los centros de acopio de combustible o por otros agentes económicos, sociales y políticos que obtienen su bonanza o burbuja económica al administrar a sus conveniencias el “hambre” del pueblo; es decir, manipulan la escasez del dinero en efectivo y loa productos de primera necesidad a través del juego perverso que ejercen con la inflación y devaluación para obtener ganancias extraordinarias a costa de la pobreza y miseria del resto de la sociedad.
Y cuando se afirma que no son los culpables directos o de raíz es porque ellos también son consecuencia del modelo imperante, o en otras palabras se han aprovechado del enorme vacío y desorientación de la “Economía Política” implementada en el país, la cual en esencia se ha manejado y aplicado de forma contradictoria, y en todo caso ha sido producto de la preponderancia de las “trampas éticas” o de la “antiética en la política” por parte de diferentes sectores, los cuales le han dado prioridad a sus objetivos individuales en detrimento del beneficio y calidad de vida real de toda la población venezolana de manera integral y permanente en el tiempo.
Adicionalmente, es un hecho cierto y verídico que el gobierno nacional aplicó la metodología del miedo y de la criminalización de la protesta, pero también los supuestos líderes de la oposición desgastaron con falsas expectativas el accionar cívico de los venezolanos. Entonces son las “leyes económicas las que harán justicia”. Con los mismos patrones insensatos de conducta se han sembrado rutinas malsanas en el sistema multidimensional del país, que son tan análogas como aquel conjunto de eventos que van conformando una tormenta perfecta o la fatalidad indetenible de un tsunami; y lamentablemente en nuestra situación con afectación directa sobre todos los eslabones de la economía y con mayor grado de irreversibilidad en lo social y ético.
Porque si en esencia nada ha cambiado y por el contrario todo lo perjudicial se ha arraigado, entonces no existen razones para que se neutralice y revierta el actual panorama de tragedia nacional, al contrario todo seguirá agravándose: soledad y tristeza es la constante que se distingue con crudeza y crueldad de manera absoluta en todo el país.
Sin embargo, la alternativa de solución se afinca en cambiar la orientación de la Economía Política. En tal sentido, entre las resoluciones emanadas de la reunión de junta directiva de Fapuv realizada el 19 de julio de 2018 se acordó ( https://bit.ly/2A2B9H2 ):
“Dado el mandato establecido en la Ley de universidades, presentar por parte de Fapuv en las diferentes instancias gremiales, gubernamentales y en general del Estado venezolano donde sea posible:
- La metodología del Índice de Poder Adquisitivo Pertinente (IPAP) como una alternativa viable, factible y sustantiva de solventar los desequilibrios a nivel individual de los trabajadores y de la economía a nivel macro;
- La propuesta de un Plan Integral de Reconstrucción Universitaria (PIRU) con impacto positivo sobre la reconstrucción y reactivación del país”.