En el primer tomo de su Historia Constitucional de Venezuela, José Gil Fortoul escribe acerca de las leyes que fueron aprobadas a favor de los indios sometidos durante la Conquista y también sobre las circunstancias que se opusieron a su aplicación eficaz. Al respecto, el insigne historiador señala que los conquistadores, ocupados en hacer descubrimientos y en guerrear, se sirvieron de los indios para labrar la tierra, explotar minas, bucear perlas y transportar todo género de cosas, porque en América no existían bestias de cargas.
Como resulta de lo anterior, los primeros que empezaron a protestar en los púlpitos contra tal proceder, haciendo que el tema se llevara a la corte, fueron los miembros de la Iglesia Católica que acompañaron a los mismos conquistadores. Como consecuencia de ello, desde España se instruyó a los gobernadores del Nuevo Mundo para que “los indios y moradores de estas tierras fuesen libres y no sujetos a servidumbre”.
La respuesta de los jefes españoles no se hizo esperar y se le informó a la reina católica que por causa de la “mucha libertad que los indios tienen”, huyen y no quieren trabajar, motivo por el cual los españoles, que viven en estas tierras, no encuentran quién las trabaje ni extraiga el oro que en ella se encuentra. Como resultado de dicho planteamiento, la soberana española ordenó que se compeliera y convenciera a los indios para que prestaran sus servicios a los españoles en sus edificios y granjas, así como en sacar oro y otros metales, debiendo ser compensados por ello y, además, bien tratados.
Lamentablemente, como consecuencia de la anterior decisión y otras posteriores, los conquistadores sometieron a nuestros indígenas a la más terrible servidumbre, consolidándose así ese espantoso principio hispano que sirve de título a nuestro artículo de hoy. Con tal posición (“Se acata, pero no se cumple”) se quería indicar que se “acataba” la decisión de los soberanos de España, pero por no ser aceptable a los conquistadores, la misma no se cumplía.
No deja de sorprender que los dos próceres máximos de la revolución bonita venezolana (Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro Moros), que han criticado hasta la hartura el proceso de la Conquista de América, no hayan dudado, ni un momento, en aplicar el mencionado principio español durante sus respectivas gestiones de gobierno. Ciertamente, a lo largo de sus mandatos, ambos han incumplido y violado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que entró en vigencia el 30 de diciembre de 1999, la cual, por lo demás, han calificado reiteradamente como la “mejor Constitución del mundo”. Para muestra basta leer, sin comentar, unos pocos botones constitucionales y preguntarse en cada caso si el mismo es cumplido por el gobierno.
El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución (Artículo 3).
La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo (Artículo 5).
Toda persona tiene derecho de ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales (Artículo 27).
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; en consecuencia: ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (Artículo 46).
Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura (artículo 58).
Los ciudadanos tienen derecho de manifestar pacíficamente (Artículo 68).
Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables (Artículo 72).
Me detengo aquí, pero sugiero a mis lectores leer con detenimiento nuestra carta magna para que constaten las razones por la cuales tenemos que seguir luchando para restablecer el orden constitucional en Venezuela.