333

No queda otro camino que honrar el deber establecido en ese artículo, ante la evidente ruptura del orden constitucional perpetrada por la dictadura, cuyo más abominable zarpazo pretenden ejecutar con la usurpación de la soberanía popular, al sostener que se ha convocado una asamblea nacional constituyente, sin que medie un referendo que permita que el pueblo exprese si se convoca o no.

Sobre si el referendo de convocatoria es necesario o no, basta leer lo qué dicen los textos de cuarto y quinto grado de educación primaria, que el Ministerio del Poder Popular para la Educación autorizó y provee gratuitamente a los estudiantes de esos niveles. Seguramente será posible encontrar algunas barbaridades en esos libritos, sobre todo si se autorizaron en tiempos de Istúriz, pero lo que en cuanto a lo que nos ocupa se expresa claramente en esos textos, es lo único que puede concluirse de la lectura que cualquier ciudadano con uso de razón puede hacer del artículo 347 de la Constitución. Otra cosa es leer ese artículo si se es presa del miedo que generan las cuentas por pagar que ese cobrador implacable e ineludible que es la conciencia, que puede presentarnos cuando hemos obrado deshonestamente. Es así que aparecen los bodrios que luego tratan de desaparecer apuraditos, con una “aclaratorias”.

Por lo que sobre ese tema no se admite discusión. Decir que no hace falta consultar al pueblo sobre si se convoca o no una asamblea nacional constituyente, es lo mismo que la tanqueta tratando de derribar las puertas del Palacio de Miraflores. Y ante eso, hoy, a todos los ciudadanos solo nos queda dar estricto cumplimiento al deber establecido en el artículo 333 de la Constitución.

Esa disposición constitucional contiene dos mandatos. El primer mandato es sumamente claro: “Esta Constitución no dejará de observarse si fuere derogada por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella”. El “no dejará de observarse” obliga a todo ciudadano de este país al estricto cumplimiento de sus prescripciones, so pena de convertirse en cómplice de la conspiración o del golpe de Estado contra la Constitución. Ya dirán los aterrorizados insalvables, con la bendición de los mujiquitas de medianoche, que lo que allí dice es que si se deroga la Constitución por un golpe de Estado, usted no podrá dejar de mirarla fijamente y con eso cumplirá su deber. Creerán que exagero, pero el haber tenido que acudir a los libros de primaria ante estos temas demuestra que no hay exageración posible.

El segundo mandato precisa que si eso ocurre todo ciudadano investido o no autoridad: “…tendrá el deber de colaborar con el restablecimiento de su efectiva vigencia”. La eventualidad ocurrió. No porque se me ocurre a mí que es así, sino porque es evidente. A tal punto que la señora fiscal general de la República, designada por los golpistas del 92, que son los mismos golpistas de ahora, denunció la existencia de una ruptura del orden constitucional que no ha cesado y el 31 de mayo pasado esa ruptura ameritó que el tema se discutiera en una junta de cancilleres de la OEA –en sí una derrota, a pesar de los chillidos de la dictadura, que no sabe bien si se retiró o no de la OEA–, en la que al menos dieciocho países están por el cese de la ruptura del orden constitucional, colocando en primer plano la cancelación de esa usurpación de la soberanía popular que intentan perpetrar con convocatoria írrita a una constituyente.

Como ciudadanos podemos hacer muchas cosas para honrar ese deber, y una de ellas es continuar ejerciendo nuestro derecho establecido en el artículo 68 de la misma Constitución a manifestar libre, pacíficamente y sin armas, como lo hemos venido haciendo. El terror de la dictadura a dejar el poder, por no querer responder por los daños causados y por no tener a dónde ir, ha hecho que debamos enfrentar la más brutal represión nunca vista en estas tierras, que se haya desplegado contra una población civil desarmada, de entre la cual lamentablemente han asesinado a más de media centena, herido a más de un millar y detenido ilegalmente a varios miles de venezolanos.

Hay, sin embargo, otras herramientas que la Constitución establece. La convocatoria a un referendo consultivo con miras a que la mayoría de los venezolanos consigne el parecer sobre la usurpación que pretende la dictadura, tiene que adelantarse. Es una excelente idea que cobra mayor relevancia, porque antes de la complaciente eliminación de la potestad soberana del pueblo de convocar a una asamblea nacional constituyente perpetrada el miércoles, era posible que alguien pudiera aducir que no se debía preguntar lo que no generaba dudas. Hoy es necesario que el pueblo, que sigue siendo el soberano aunque lo niegue la Corte Suprema de La Habana, deje al desnudo la única verdad de significación política que importa: no tienen gente. Por eso el terror a contarse en elecciones libres que los embarga, desde aplastante derrota del 6D, que se tradujeron en las repugnantes marramucias contra el referendo revocatorio y el golpe contra las elecciones estadales que no quisieron efectuar el año pasado.

El acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional convocando a un referendo consultivo hay que ejecutarlo. No sé qué infiltrado saboteador dijo que hay que recoger firmas. Nada de eso. Luego del acuerdo de la Asamblea Nacional, solo hay que enviárselo al Consejo Nacional Electoral para procedan sin más a efectuarlo. Todos sabemos que lo negarán o engavetarán. En todo caso, debe hacerse para que quede en evidencia ante todo el mundo que no recibirá el tratamiento rastrero que les hizo responder en ochenta minutos la solicitud de Miraflores. Que quede en evidencia que con la Constitución y con el pueblo no quieren nada. Luego de eso, cumpliendo nuestro deber de restablecer la efectiva vigencia de la Constitución, lo organizamos y lo hacemos nosotros.

Así que: 333. No queda otra. Va de suyo que hablo de aquí y de ahora.