Opinión

15-10, otra etapa en el camino hacia la libertad

Pedro Luis Echeverría

Transcurren los días, la represión aumenta y se perfeccionan y profundizan la crueldad oficial y los métodos y mecanismos para ejercerla. El régimen no toma medidas para enfrentar la hecatombe económica; así, la inflación, la escasez, la caída del poder adquisitivo de los ciudadanos y la incertidumbre sobre el futuro aumentan, día tras día, nuestra vulnerabilidad frente a los avatares de la coyuntura económica. Aumentan también los números de víctimas fatales, lesionados, torturados y los detenidos ilegalmente a los que no se les reconoce el derecho al debido proceso. Se inventan tenebrosas conspiraciones nacionales e internacionales supuestamente orientadas a desestabilizar al régimen que mal gobierna. Mienten exhaustivamente y ocultan las cifras de desempeño económico, pretendiendo vender un utópico país que está muy lejos del horror en que vivimos los ciudadanos. Tratan de infundir miedo, mediante la escandalosa manipulación de las leyes y la institucionalidad para acusar, acosar y calificar de enemigo, sin recurso de apelación, a todo aquel que profesa ideas y valores diferentes de lo que el oficialismo totalitarista asume como el bien común. Manipulan a las masas de sus seguidores exacerbando sus peores instintos, creando así una avalancha de odios hacia la disidencia que nadie parece capaz de detener. Actúan, con gran complicidad e impunidad, para permitir el repunte de una de las lacras sociales que más daño causa a una sociedad: la corrupción; al extremo de que el afán de enriquecerse en el menor tiempo posible que domina a sus validos, sean estos políticos, militares, comerciantes o figuras más o menos públicas, ha generado, entre ellos, confrontaciones de diversa índole.

En síntesis, el régimen ha tratado por todos los medios a su alcance, y con el poder totalitario del Estado, de aplastar la voluntad de cientos de millones de personas, tratando de potenciar su sumisión y la desaparición del ansia de libertad que es la condición esencial de los seres humanos. El gobierno irresponsablemente asume el papel de feroz contendiente; en lugar de abrir, mediante acciones políticas contundentes y veraces, los caminos para el entendimiento y la paz, los cierra a través de un discurso altanero y desconsiderado en el cual campean intentos de dominación gubernamental a la sociedad, perversas órdenes de incremento y profundización de la represión, falsedades, descalificaciones, violaciones de las leyes, sistemático saboteo al inalienable derecho ciudadano de ejercer el sufragio. A pesar de ello, la fuerza de la protesta crece, persevera, se mantiene, se reinventa y se extiende a todos los sectores sociales. Es una suerte de loca espiral en donde se confrontan, una y otra vez, la violencia oficial y la resistencia heroica sin que la balanza de resultados de la pugna favorezca claramente a ninguna de las partes involucradas.

A pesar de los diarios enfrentamientos con una parte importante de la población que exige la solución de los problemas que la acosan, el régimen no ha cedido un ápice a las justas demandas de la disidencia, condiciones mínimas estas que facilitarían la posibilidad de realizar acciones y mantener conversaciones, con eficacia política, sobre la forma de abordar conjuntamente las soluciones a la terrible situación que vive el país en todos los órdenes.

No es posible iniciar un proceso de desarrollo sustentable cuando las causas y cicatrices de la contienda no han sido resueltas y sanadas. Después de esta fase de horror, destrucción del país y abusos de los derechos humanos como la que estamos viviendo y para la que, con nuestro voto haremos que se vislumbre su tiempo de terminación, nuestra sociedad requiere la reconstitución de su tejido social asegurando la convivencia mediante procesos de entendimiento sostenibles en el largo plazo. Pero ese camino está repleto de escollos.

Participar multitudinariamente en el evento del 15-10 para elegir los gobernadores supone y transmite: la convicción de que ejercer el voto es fortalecer la democracia y el Estado de Derecho para construir instituciones políticas y judiciales respetadas y creíbles para la administración y solución de conflictos por vías no violentas. Significa, también, el consenso sobre que no es aceptable promover la abstención y los medios que resultan inaceptables emplear para propiciarla, aún cuando se piense que se defienden con ello legítimos principios éticos. La abstención le causa un daño enorme al país y a los principios y valores democráticos y no resuelve la problemática de fondo que, a diario, enfrentamos los venezolanos. A veces, cuando los que invocan la abstención atacan con singular ferocidad a los que creen que hay que salir a sufragar, pareciera que no se tiene muy claro en contra de qué, ni a favor de qué se lucha. Afortunadamente, las tendencias que muestra la matriz de opinión pública, reflejada en diversas encuestas, revelan que más de 60% de la población expresa su voluntad de concurrir a votar el próximo 15-10. Todo eso supone la aplicación de un enfoque multilateral del ejercicio del derecho al voto y a exigir justicia en el proceso de cambio en el que estamos envueltos. Se debe privilegiar la actitud reflexiva sobre lo emocional. Pensar asertivamente qué es lo que le conviene al país en esta etapa de transición de un régimen que termina. Sin ello, la paz es apenas el interregno de una inacabada espiral cíclica de conflicto y violencia.

Vivimos una nueva era, “el chavismomadurismo” emite los últimos estertores de su agonía pero, tozuda e inexplicablemente, el régimen continúa anclado en viejas doctrinas que le impiden ver cómo es la realidad que lo circunda. El régimen no quiere aceptar que la única revolución que necesitamos en Venezuela es la de nuestro pensamiento. Solo la transición hacia un nuevo paradigma de desarrollo democrático, capaz de administrar y resolver los conflictos de manera institucional, honesta y no violenta, podrá dar cabal respuesta a los anhelos de paz de la sociedad venezolana.