Están en el centro de la polémica política en Venezuela y ahora ocho de ellos han sido objeto de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos.
Las medidas del Departamento del Tesoro estadounidense se conocen cuando Venezuela lleva más de un mes registrando protestas diarias de ciudadanos que, entre otras cosas, exigen que el gobierno de Nicolás Maduro que convoque elecciones, en medio de una profunda crisis política y económica.
Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela han adquirido gran protagonismo durante el último año y medio.
Las causas son múltiples. En algunos casos, la controversia les acompaña desde su nombramiento.
La más reciente polémica fue a fines de marzo, cuando a través de dos sentencias se asignaron las potestades de la Asamblea Nacional (AN), controlada por la oposición, lo que dio origen a la actual oleada de protestas.
Fue a finales de diciembre de 2015, apenas semanas después de que la oposición venezolana lograra obtener una victoria contundente en las elecciones parlamentarias, el chavismo aprovechó sus últimos días en control de AN para nombrar 13 nuevos magistrados en el TSJ.
La medida levantó polémica por producirse en sesiones extraordinarias de la AN durante el asueto navideño, pero además porque algunos de los 13 magistrados eran cuestionados por su militancia política en el chavismo y en algunos casos porque se consideraba que no cumplían con los requisitos para formar parte del máximo tribunal del país.
Militancia partidista
Entre ellos, se encontraba Calixto Ortega, quien había sido diputado de la bancada chavista entre el año 2000 y el 2010, además de candidato al Parlamento por el oficialismo en las elecciones que se habían realizado ese mismo mes.
Ortega también había sido viceministro de Exteriores para Europa durante el gobierno de Hugo Chávez y, en abril de 2013, fue nombrado por el presidente Nicolás Maduro como encargado de negocios en la embajada de Washington.
También estaba Luis Damiani Bustillos, quien en 2010 fue designado viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio de Educación Superior y fue miembro del directorio del Centro Internacional Miranda, un centro de estudios creado por el gobierno de Hugo Chávez que reunía a intelectuales con ideas afines a su propuesta política.
Ortega y Bustillos son en la actualidad miembros de la Sala Constitucional del TSJ y forman parte del grupo de ocho magistrados sancionados por las autoridades de Estados Unidos.
La decisión del Departamento del Tesoro de EE UU también afecta al magistrado Juan José Mendoza, actual presidente de la Sala Constitucional, cuyo nombramiento en el TSJ ocurrido en 2010 fue objetado por la oposición pues en 2005 él había sido electo como diputado por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.
También fue sancionada la magistrada Gladys Gutiérrez, quien antes de ingresar al TSJ fue nombrada por el gobierno de Hugo Chávez como procuradora general de la república, embajadora de Venezuela en España, cónsul en Madrid y directora-jefa de la Oficina de Secretaría del Consejo de Ministros. Además fue electa como diputada suplente por el partido oficialista en 2005.
Controversial presidente
Entre los demás magistrados sancionados por las autoridades estadounidenses figuran el resto de miembros de la Sala Constitucional: Arcadio Delgado, Carmen Zuleta y Lourdes Suárez Anderson; así como el actual presidente del TSJ, Maikel Moreno.
Moreno llegó al TSJ en diciembre de 2014 y su designación levantó una inmediata polémica, debido a su pasado.
Este juez fue acusado del asesinato de una mujer en Bolívar, estado del sur de Venezuela, mientras trabajaba como miembro de la policía política, hoy el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y pasó por ello dos años en la cárcel.
Tras conseguir el beneficio procesal y reincorporarse al cuerpo policial, fue relacionado con la muerte de Rubén Gil Márquez en un tiroteo en 1989, aunque fue exculpado.
También fue desestimada la acusación vertida por el ex magistrado chavista Luis Velásquez Alvaray, quien lo señaló en 2007 de formar parte de la denominada Banda de los Enanos, una organización que supuestamente opera en el sistema judicial y ha sido mencionada en varios casos de corrupción.
Usurpación
Pero el motivo de las sanciones del Departamento del Tesoro no se vincula con el pasado de estos magistrados sino con sus actuaciones durante el último año y medio.
Las autoridades estadounidenses acusan a estos magistrados de haber usurpado-a través de sus sentencias- las funciones de la Asamblea Nacional electa democráticamente en diciembre de 2015 y de haber permitido al gobierno del presidente Nicolás Maduro gobernar a través de un decreto de emergencia, restringiendo los derechos y violando la libre voluntad de los venezolanos.
El Departamento del Tesoro hizo referencia concretamente a algunas decisiones que considera que han interferido o limitado la autoridad de la AN.
Entre ellas incluyen una sentencia mediante la cual el TSJ nombró a los miembros del Consejo Nacional Electoral en diciembre pasado, una facultad que la Constitución otorga al Parlamento.
Lo mismo ocurre con otro fallo de octubre de 2016 en el que autorizaron al presidente Nicolás Maduro a enviar su propuesta de presupuesto nacional al propio tribunal en lugar de a la AN para su aprobación.
De igual modo, las autoridades estadounidenses destacaron el hecho de que a través de varias sentencias el TSJ, entre julio de 2016 y enero de 2017, el TSJ ha aprobado la extensión del estado de emergencia, una medida que permite la restricción temporal de los derechos constitucionales y concede al Ejecutivo poderes extraordinarios. Se trata de otra importante atribución que corresponde a la AN.