La unanimidad que no se pudo lograr en la Mesa de la Unidad Democrática para que se cumpliera la línea de que los gobernadores electos no se juramentaran ante la Constituyente, se logró en la Asamblea Nacional. La fractura de la MUD se hizo más evidente luego del resultado electoral y ahora, cuando los mandatarios regionales de AD tomaron su propio camino y se subordinaron a la ANC. Las disputas de los partidos salieron a la luz pública y la Unidad sufre deserciones como las de Henrique Capriles y José “Chato” Guédez. Además, Voluntad Popular anunció que no participará en elecciones municipales.
El Parlamento aprobó por unanimidad un acuerdo en el que ratifica el desconocimiento “al fraude constituyente y su intento ilegal de subordinar ante ella a los poderes electos”.
La sesión se llevó a cabo un día después de que los gobernadores de Acción Democrática Alfredo Díaz, Nueva Esparta; Ramón Guevara, Mérida; Antonio Barreto Sira, Anzoátegui, y Laidy Gómez, Táchira, se juramentaron ante la asamblea nacional constituyente.
El acuerdo del Parlamento señala: “Cuatro de los gobernadores electos el pasado 15 de octubre decidieron acudir de forma unilateral ante la fraudulenta asamblea nacional constituyente para un írrito acto de juramentación y subordinación, contrario a lo expresado por la soberanía popular”.
El Poder Legislativo, declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que considera nulos todos sus actos, también ha rechazado “las pretensiones de usurpar las funciones legislativas que le corresponden” a este cuerpo, elegido en 2015 por casi 14 millones de venezolanos. Con todo, los diputados se comprometieron a “ratificar el mandato derivado de la consulta popular del 16 de julio de 2017 y adoptar todas las medidas y acciones orientadas a deponer a la asamblea nacional constituyente como instancia inconstitucional y de facto”.
El debate. En el debate el diputado de AD Wiliams Dávila ratificó que la decisión de los mandatarios regionales que militan en su partido fue personal. “Desde el inicio señalamos que los ganadores no tenían que juramentarse ante la asamblea nacional constituyente. Siempre hemos defendido los principios y valores democráticos. Seguimos completamente en la lucha”, afirmó.
El diputado Juan Requesens, ex candidato a la Gobernación del Táchira, expresó: “Esa ANC es el mayor espacio de fraude y de ilegalidad. No toleramos que se pretenda subordinar a la democracia”.
En el acuerdo el Parlamento condenó las amenazas contra el gobernador electo de Zulia, Juan Pablo Guanipa, y “las pretensiones inconstitucionales de destituirlo irrespetando la voluntad de los zulianos”.
Ratificó el mandato de la consulta popular del 16 de julio al Poder Legislativo con el fin de que adopte medidas inmediatas para deponer las acciones de la ANC.
El Parlamento fustigó asimismo la usurpación de las funciones legislativas por la constituyente. También expresó agradecimiento a la comunidad internacional por la presión ejercida para que se logre el cambio político en el país.
Presupuesto. La AN también abordó el tema del presupuesto nacional y aprobó un acuerdo sobre el manejo inconstitucional e ilegal que ha dado el gobierno de Nicolás Maduro a esa materia. Recriminó que hasta la fecha no se hayan publicado los índices de gastos e ingresos del país.
El diputado José Guerra (PJ) señaló que el Ejecutivo “no ha tenido la decencia de publicar la Ley de Presupuesto”. Explicó que si en 2018 se quisiera emitir cualquier deuda, deberá usar a Pdvsa, pero que sin aprobación de la Asamblea Nacional todo será nulo. Advirtió que el país entró formalmente en una etapa de hiperinflación que afecta directamente a los ciudadanos, más allá de los acreedores.
La legisladora zuliana Nora Bracho (UNT) afirmó que por segundo año consecutivo “Maduro se burla de la Constitución y vulnera el derecho del ciudadano de conocer en qué se gasta el dinero público”. Indicó que las consecuencias del manejo erróneo de la economía las paga directamente el pueblo venezolano. “Toda corrupción es tapada con más corrupción, sin la más mínima intención de corregirla”.
La parlamentaria Tamara Adrián (VP) aseveró que Nicolás Maduro y todos los ejecutores de la política financiera nacional tienen responsabilidad personal en el “desastre económico” en que se encuentra el país. “El presupuesto es la base del Estado. Sin embargo, han causado caos y miseria”. Dijo asimismo que por la oscuridad informativa “no se pueden dar ni exigir cuentas claras, y esto es totalmente inconstitucional”.