La Asamblea Nacional (AN) rechazó hoy la extensión del decreto de estado de excepción y emergencia económica por considerar que “profundiza la grave alteración del orden constitucional y democrático que sufre” la nación caribeña.

Con la votación unánime de la fracción opositora del Parlamento se acordó rechazar “enérgicamente y desaprobar” el decreto de emergencia económica, pues burla “los límites temporales claramente fijados por el artículo 338 de la Constitución”.

En el debate en el que solo participaron diputados opositores, debido a que la fracción del chavismo dejó de asistir a las sesiones desde hace meses, el parlamentario Alfonso Marquina señaló que el decreto ha sido prorrogado díez veces y que según la Constitución el estado de emergencia económica no se puede extender por más de 120 días.

El presidente Nicolás Maduro aprobó en enero de 2016 un decreto de emergencia económica que fue prorrogado durante todo el año y en mayo de 2017 publicó un nuevo decreto en el que se señala que “podrán ser restringidas las garantías” para el ejercicio de los derechos constitucionales.

Sin embargo, el Parlamento ha dicho que se trata del mismo decreto.

Para el diputado Williams Dávila este decreto lo que busca es “imponer una ideología fracasada que lo quiere controlar todo”, pues no se han resuelto los problemas que atraviesa el país.

En el acuerdo aprobado hoy por el Parlamento, los opositores reiteraron que “son absolutamente nulas y jurídicamente inexistentes las operaciones de endeudamiento o crédito público que sean celebradas sin la intervención de la Asamblea Nacional, en los términos constitucionalmente establecidos”.

Asimismo, la AN instó a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a los órganos del Mercado Común del Sur (Mercosur) “para que contribuyan” a poner freno al desmantelamiento de la Democracia y del Estado de Derecho que está siendo llevado a cabo por el Ejecutivo Nacional”.

Este acuerdo será enviado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informó el Parlamento.


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