Este martes la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un Acuerdo que declara la emergencia sanitaria en Venezuela, con el cual exige al gobierno la implementación de «planes reales» para combatir enfermedades epidemiológicas. 

Durante la primera parte de la sesión de hoy, los diputados hablaron sobre la epidemia de malaria y paludismo que ocurre en el país, la cual ha afectado especialmente al estado Bolívar. 

Luis Silva, legislador por el partido Acción Democrática, indicó que hay más de 200.000 venezolanos afectados por el paludismo. «Pacientes mueren por falta de tratamiento. Unión Panamericana de la Salud anunció que le había entregado al gobierno el tratamiento necesario. ¿Dónde está?», indicó. 

«Al paludismo no le importa la condición social, el lugar o el tipo de vivienda, y menos si la persona apoya al gobierno o no. Detrás de cada muerto hay negligencia y corrupción», agregó. 

La legisladora Olivia Lozano (Voluntad Popular) señaló que lo que ocurre con estas enfermedades no es producto de un desastre natural o una guerra, sino por «la desidia y la ineficiencia de este régimen». 

«El régimen abandonó el control sanitario y permite que los militares tengan las medicinas para comerciarlas por oro en las zonas mineras», afirmó. 

Dijo que una comisión acudió a la Organización Panamericana de la Salud con el fin de exigir que acabe la opacidad informativa y que el IVSS publique informes sobre la deuda de compra y distribución de los medicamentos. 

Américo De Grazia, parlamentario por La Causa R, recordó que en 2016 fue presentado un Acuerdo en relación a la epidemia de malaria en Bolívar, pero el gobierno no dio respuestas. «De los 451.000 casos de malaria en Latinoamérica, la mitad está en Bolivar. Solo por vergüenza el régimen debería renunciar». 

El diputado José Manuel Olivares dijo que las diferencias políticas no pueden estar por encima de los problemas de la gente: «Este es un tema nacional del que el gobierno solo se reía y ahora no puede controlar». Señaló que, a pesar de que los medicamentos le cuestán al gobierno 10 dólares, «prefiere seguir con el negocio farmacéutico». 

 

 

 

 


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