El anuncio de la inclusión del delito de traición a la patria en la nueva Constitución fue recibido como un paso del gobierno para aumentar la persecución a la disidencia e inhibir las denuncias foráneas sobre la situación que vive el país. El constitucionalista Juan Manuel Raffalli dijo que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ilegítima de origen, no tiene potestad para cambiar la carta magna y menos para incluir delitos que deben ser establecidos en las leyes ordinarias.
“El delito de traición a la patria está tipificado en el Código Penal. Si buscan darle más vigor a esta figura desde una constituyente inconstitucional que, de hecho, ha reemplazado a la Asamblea Nacional, es porque no está muy clara la forma cómo se ha aplicado para perseguir a la disidencia. El gobierno actúa por miedo y para inhibir, para generar temores, para callar las voces ante la comunidad internacional sobre lo que ocurre y no se tomen medidas. Esto es una respuesta a las sanciones”, señaló.
Raffalli puntualizó que en caso de que el delito de traición a la patria sea incluido en la Constitución, no puede imponerse porque se requeriría de un referéndum aprobatorio para avalarlo.
El domingo 25 en Televen, el constituyente Hermann Escarrá dijo que las 22 comisiones de la constituyente avanzan en las propuestas para una nueva carta magna, dentro de la que se incluiría el delito de traición a la patria.
Aunque no dio mayores detalles, Escarrá, presidente de la Comisión Constitucional de la ANC, aseguró: “La constituyente va ser muy firme en esa materia y ya se están estudiando varias propuestas que se evaluarán de acuerdo con el derecho comparado, el internacional, civilizado, democrático, pero se tienen que tomar medidas muy fuertes”.
Gustavo Linares Benzo, también constitucionalista, indicó que cualquier acto de la ANC carece de valor porque no fue convocada por el pueblo.
“Desde siempre el delito de traición a la patria consiste en el concierto para entregar al país a una potencia extranjera, con lo cual un golpe de Estado no lo es, a menos que haya habido financiamiento internacional. Las penas máximas en el país son de 30 años de prisión. No sabemos qué se busca desde la ilegal constituyente, quizás aumentar las penas. ¿Qué buscan?, ¿colocar la pena de muerte?”, preguntó.
Linares Benzo cree que la ilegalidad de la constituyente se evidenció una vez más con la negativa de la Unión Interparlamentaria Mundial, a que sus representantes participaran en una reunión ayer.
Según el artículo 128 del Código Penal: “Cualquiera que de acuerdo con país o república extranjera, enemigos exteriores, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas, o las hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de 20 a 30 años.
Parágrafo único: Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados no tendrán derecho de gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena”.
Respetar derechos. La directora de Cofavic, Liliana Ortega, dijo que cualquier reforma a la Constitución debe darse con respeto a la progresividad de los derechos humanos.
“Los delitos de traición a la patria, históricamente, han sido utilizados para perseguir a la disidencia y en muchos países han sido eliminados. No puede haber un retroceso en esto y es un hecho fundamental. Debe velarse por los derechos y garantías, y respetarse la progresividad de los derechos humanos”, indicó.
Ortega dijo que la Asamblea Nacional es el único órgano con potestad constitucional para debatir el tema.
El Dato
El partido Patria Para Todos solicitó al Ministerio Público, el 13 de marzo, investigar y dirigir las acciones penales contra los diputados Julio Borges y Luis Florido por traición a la patria. Acusan a los dirigentes de gestionar ante instituciones públicas de los Estados Unidos, de Europa y América Latina, acciones contra la patria, instigando para la realización de agresiones militares, económicas y financieras.