La Asamblea Nacional aprobó instruir a una comisión especial para investigar la acción de grupos paramilitares catalogados como colectivos por las acciones ocurridas en las últimas semanas y así proceder a declarar la responsabilidad política de dos de los funcionarios encargados de la seguridad del país.
La bancada opositora del Parlamento aprobó un acuerdo de ocho puntos en el que está planteado documentar los casos sobre los colectivos para tomar una serie de acciones, siendo la primera la declaratoria de responsabilidad política de ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, y del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, mayor general Gustavo González López.
La comisión integrada por los diputados Stalin González, Teodoro Campos, Amelia Belisario, Rafael Veloz, Dinorah Figuera, Edwin Luzardo y Milagros Elaute. Ellos deberán elaborar un informe sobre lo que ha ocurrido en las protestas del mes de abril y presentarlo en un máximo de 30 días.
De igual forma, la Asamblea Nacional acordó emplazar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejercer su función a “su estricto apego” a la Constitución, especialmente en el desmantelamiento y el desarme de los colectivos.
Las decisiones fueron tomadas al fin de que una discusión sobre la política de Estado de armar a colectivos paramilitares para crímenes políticos, amparados por la Fuerza Armada Nacional.
El Parlamento también pedirá a la Defensoría del Pueblo ejercer a sus competencias sobre la protección ante la violencia contra personas, propiedades y el disfrute de sus derechos. También instar a la Comisión de Política Interior para tramitar las acciones correspondientes para establecer las responsabilidades penales de los titulares de los órganos de la Fuerza Armada Nacional y de los órganos de seguridad del Estado.
La Asamblea Nacional también decidió informar sobre el accionar de los colectivos al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al secretario general de la Organización de Estados Americanos y el Consejo Permanente de la organización, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de las misiones diplomáticas.
Por último, el Parlamento resolvió solidarizarse con los familiares y amigos de los caídos en las protestas iniciadas en el mes de abril. Propusieron llamar a los fallecidos “luchadores de la libertad”.