Un grupo de parientes de militares privados de libertad por presunta rebelión denunció hechos de tortura, trato cruel e inhumano, ante la Asamblea Nacional. En la sesión de ayer, Leonela Difuri de Medina, esposa del teniente Henry José Medina Gutiérrez, preso desde marzo de este año, imploró la ayuda a la comunidad internacional y pidió al Parlamento que los miembros de la FANB sean incluidos en las solicitudes de liberación.

Relató que Medina fue víctima de tortura y ensañamiento, y que los primeros días de su reclusión en Ramo Verde “fue colocado en una celda de castigo ‘tigrito’ de 1 x 2 metrosjunto con otras 14 personas. Allí debía defecar y hacer todas sus necesidades”. Destacó que el oficial, que para el momento de su detención se desempeñaba como comandante del 802 Batallón de Apoyo Logístico GB Juan Antonio Paredes en San Cristóbal, tiene que convivir con delincuentes comunes y en condiciones precarias.

Difuri añadió que su esposo, al igual que al resto de los detenidos castrenses, lo mantuvieron varios días aislados y sin contacto con la familia, además de sometérsele a un proceso sin garantías y sin respeto al debido proceso. “Yo le pregunto al ministro de la Defensa: ¿va a permitir que la Fuerza Armada se destruya?”, dijo.

Ana Varela, madre del primer teniente Simón Torres Valera, dijo que han sido tan fuertes las agresiones que muchos de “los militares detenidos orinaban sangre y les arrancaron las uñas de los pies”.

“Pasados 36 días de su privación de libertad fue cuando volví a ver a mi hijo. Mostraba signos de tortura y le negaron los medicamentos para su dolencia de la tensión, a pesar de que sus familiares se los procuramos”, narró Dairy Espinoza, madre del primer teniente Alberto Maita (Fuerzas Especiales). Indicó que su hijo sufre de hipertensión desde la adolescencia y aún no se ha logrado que sea examinado por especialistas en el Hospital Militar Carlos Arvelo.

María Paz Castillo, esposa del sargento de la PM Marcos Hurtado, dijo que los policías que llevan 15 años presos esperaban ser incluidos en las recientes tandas de excarcelados. Indicó que, pese a no ser condenados por delitos de lesa humanidad y que dos de ellos ya cumplieron su sentencia, el gobierno no los libera. “Mi esposo fue preso cuando tenía 36 años de edad. Hoy está viejo y desesperanzado”, dijo.

La diputada Yajaira Forero, esposa del comisario Lázaro Forero quien cumple arresto domiciliario, indicó: “Lo peor que le puede pasar a un preso político es ser olvidado. No olvidemos a nuestros presos políticos”. Alabó la valentía de las mujeres que denunciaron las torturas de los militares sin temor a ser despedidos.

El presidente de la Comisión de Defensa, Edgar Zambrano (AD), señaló: “Estamos en presencia de un hecho público, notorio y comunicacional, que es el maltrato a nuestros presos. ¿Cómo explicar que la joya de la corona de este gobierno esté bajo sospecha?”. Informó que remitió al presidente Maduro, al ministro de la Defensa, al presidente de la Corte Marcial y a la Fiscalía Militar la lista de los militares detenidos, el lugar de reclusión y el tribunal que lleva su causa.


Rechazan al presidente de BCV

La AN aprobó un acuerdo en rechazo a la designación de Calixto Ortega Sánchez como presidente del BCV: “Para presidir el BCV se debe contar, por lo menos, con 10 años de experiencia en el sector bancario. ¿Es capaz Calixto Ortega de parársele en frente a Maduro para decirle que no se puede ya seguir imprimiendo dinero?”, señaló el diputado Rafael Guzmán.

El parlamentario Carlos Prosperi indicó que Maduro ha designado a seis presidentes en el ente emisor. “En la administración de Lobo, en un año la hiperinflación superó 8.000%”.

Critican “la designación ilegítima” que hizo la ANC la semana pasada, y la falta de idoneidad para el cargo por parte de Ortega Sánchez.

El Poder Legislativo también aprobó un informe para garantizar el resguardo la propiedad privada de los venezolanos, por las denuncias de censos e invasiones a viviendas deshabitadas sobre el plan “ubica tu casa”. Destacaron que sobre eso solo se conocen declaraciones de distintos funcionarios del gobierno.



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