Ni la represión del martes contra la marcha de los diputados y sus seguidores para impedir la sesión de la Asamblea Nacional, ni el bloqueo que impuso ayer la GNB en todos los accesos al Palacio Federal para imposibilitar la entrada de los diputados de oposición al Parlamento, impidieron la activación del procedimiento de remoción de los siete magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, conforme al artículo 265 de la Constitución.
Los diputados de la oposición madrugaron ayer a la GNB y lograron el quórum de instalación antes de las 8:00 am. A las 9:30 am, hora de inicio de la plenaria, estaban presentes 103 parlamentarios de la Unidad.
Pero en realidad, el procedimiento de remoción se inició el viernes pasado, cuando la directiva de la AN entregó al Consejo Moral Republicano la solicitud de calificación de falta grave contra Calixto Ortega, Juan Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Luis Damiani, Lourdes Suárez y Maikel Moreno, por haber firmado las sentencias 155 y 156, que eliminaron la inmunidad parlamentaria y le quitaron todas las atribuciones a la AN.
El artículo 32 de la Ley del Poder Ciudadano señala que el presidente del CMR, en este caso el Defensor del Pueblo Tarek William Saab, debe notificar a los magistrados para que en 8 días presenten su descargo por escrito. Luego debe convocar una reunión extraordinaria del Consejo para leer la solicitud, los descargos y decidir, por al menos dos de los tres votos posibles, sobre la calificación de la falta grave. El CMR tendrá 3 días hábiles para remitir el informe a la AN, que deberá conceder audiencia a los magistrados para su defensa. La aprobación de la remoción se logra con las 2/3 partes de los integrantes del Parlamento.
Los acuerdos. La mayoría de la oposición aprobó ayer dos acuerdos en los que condena la ruptura del orden constitucional generado por las decisiones de los 7 magistrados al tiempo que exige al Poder Ciudadano, al Consejo Moral y a la Fiscalía, actuar en consecuencia.
El primero de los acuerdos rechazó la conducta del Defensor del Pueblo, por haber “puesto de manifiesto su solidaridad automática con el Ejecutivo en complicidad con graves violaciones de los derechos humanos”. Exige la cesación inmediata de la medida cautelar contra los diputados de Amazonas así como la liberación de los parlamentarios Gilber Caro y Renzo Prieto. También condenó la agresión contra los diputados de la Unidad.
En el segundo acuerdo, emplazó al CMR a tramitar la solicitud de calificación de faltas cometidas por los 7 magistrados y remitir el informe a la plenaria para su discusión. Además, emplazó a la fiscal Luisa Ortega a tramitar la solicitud de investigación penal presentada el viernes pasado contra los magistrados por la comisión del delito de prevaricación.
La discusión. Henry Ramos enfatizó que el golpe de Estado en Venezuela comenzó en diciembre de 2015 cuando el PSUV designó magistrados que no cumplen los requisitos legales. Freddy Guevara agregó que la ruptura del orden democrático se hizo palpable cuando se suspendió el derecho al revocatorio: “El golpe de Estado no es una sentencia sino una conducta de este gobierno. El problema no es el desacato sino el modelo dictatorial”.
Para la aprobación del primer acuerdo también intervinieron Juan Requesens con la cara hinchada, morada y suturada por la salvaje agresión que recibió el lunes en la Defensoría del Pueblo; Juan García, Simón Calzadilla, Enrique Márquez y Julio Borges, que describió la sesión en los siguientes términos: “Estos no son unos diputados sesionando en un Parlamento democrático, sino un grupo de personas resistiendo un golpe de Estado”.
El segundo acuerdo fue presentado por Juan Matheus, que recordó que en el año 2006 la AN presidida por Nicolás Maduro removió al diputado Luis Velásquez Alvaray. En ese momento entró al Hemiciclo el diputado oficialista Víctor Clark, cuya bancada no asistía a las plenarias desde febrero. Clark se reunió unos minutos con el presidente Borges y volvió a salir.
A mitad de la intervención del siguiente orador, Luis Emilio Rondón, unos 40 diputados del PSUV, encabezados por Héctor Rodríguez, algunos suplentes y “varios desconocidos” de acuerdo a la afirmación de Stalin González, se incorporaron a la plenaria.
La directiva le dio la palabra a Rodríguez, que con las manos temblorosas y totalmente negado a llamar “presidente” a Borges, calificó de ilegal la sesión y sus decisiones: “¡Dejen de hacer el ridículo! Están intentando dar un golpe de Estado parlamentario”. Rodríguez fue interrumpido varias veces por la consigna “¡Ustedes son golpistas, lo dijo la fiscal!” coreada por la bancada de la Unidad.
El Gran Polo Patriótico se hizo acompañar de varios medios digitales e internacionales que usualmente no dan cobertura a las sesiones de la AN, según Borges “para hacer ver en el mundo que el TSJ le restituyó sus funciones a la AN”.
También tomaron la palabra Juan Guaidó con un cabestrillo en el brazo derecho tras los golpes que le propinaron el martes en la marcha; Carlos Prosperi, Carlos Berrizbeitia y Juan Pablo Guanipa. El oficialismo se retiró y el acuerdo fue aprobado por unanimidad de los presentes.