La diputada aragüeña Amelia Belisario ofreció este martes, antes del inicio de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, un balance de las víctimas de represión.
Belisario informó que hasta los momentos se han contabilizado 53 víctimas de represión, de las cuales solo 44 han sido reconocidas por el Ministerio Público y las otras nueve tienen investigaciones aún abiertas para determinar si sus muertes fueron causa de actos represivos.
Explicó que de estas víctimas solo 48% de la responsabilidad de las muertes recae sobre autoridades y cuerpos de seguridad como la Policía y Guardia Nacional Bolivariana, mientras que el 21% de las muertes han sido ocasionadas por colectivos.
Otro punto de su balance trató de que 60% de las personas privadas de libertad durante protestas han sido juzgados por tribunales militares.
Si bien la parlamentaria consideró que todas estas detenciones han sido injustas e ilegales, resaltó los casos de Lisbeth Añez, detenida por ayudar a jóvenes llevando alimentos a los detenidos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y el caso del profesor Sergio Contreras, que fue arrestado por usar un megáfono durante las manifestaciones.
Recordó los casos particulares de personas detenidas que presentan condiciones especiales.
Por otra parte, informó que los detenidos han sufrido torturas atroces. Reiteró que el Foro Penal Venezolano en Carabobo informó que entre 15 y 40 detenidos fueron obligados a comer excremento con pasta y que El Tigre 40 manifestantes fueron torturados con electricidad por las autoridades y una mujer fue amenazada con ser violada.
“10 aragüeños que fueron maltratados por autoridades que luego, las mismas los trasladaron a centros médicos, sabiendo el daño que les habían causado”, acusó Belisario.