La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad rechazar la decisión de la Organización de las Naciones Unidas de enviar a la Corte Internacional de Justicia la controversia limítrofe que se mantiene con Guyana por el Esequibo.
El presidente del Parlamento, Omar Barboza, aseguró que la lucha por ese territorio continúa vigente. “Ninguna situación de facto puede alterar la reclamación. No nos sometemos a la jurisdicción de la Corte”.
Williams Dávila, diputado por el Parlasur, aseguró que aún no se han agotado los buenos oficios para resolver la controversia y que el Acuerdo de Ginebra sirve para obtener mecanismos pacíficos que garanticen convenios beneficiosos para ambas partes.
Expresó que la decisión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de fecha 30 de enero de 2018, no tiene coherencia y es un acto unilateral. “No hay voluntad de las partes y la ONU debe colaborar en la escogencia de un método amistoso. Este es un tema que concierne al Estado, más allá de las ideologías, y que también exige que la Fuerza Armada Nacional defienda la soberanía y no al gobierno de turno”. Dávila dijo que también debe resolverse la controversia de la fachada atlántica por ser la riqueza de las generaciones futuras.
El acuerdo aprobado declaró inaplicable la decisión y creó una comisión mixta para realizar una consulta nacional en defensa del Esequibo, que estará integrada por los diputados Williams Dávila, Sergio Vergara, María Fernández, Luis Florido, Julio Borges, Marialbert Barrios, Edgar Zambrano, Luis Emilio Rondón y Teodoro Campos.
Además, la AN pidió la comparecencia del ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, para que ofrezca detalles sobre las políticas adelantadas en esta materia y se instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que cumpla con la defensa de la soberanía y de los espacios acuáticos.
Balseros
Irali Yance, madre de Jóvito Gutiérrez, uno de los balseros que partió desde Falcón hasta Curazao, solicitó ayuda al Parlamento, ante la negativa del gobierno, para superar la incertidumbre por la desaparición de su hijo. “Arriesgó su vida para huir de la crisis que hay en Venezuela. Él es deportista, de 32 años de edad, con una vida por delante”.
Denunció que amenazaron a los jóvenes sobrevivientes con detenerlos si regresaban a Venezuela. “Detenerlos, ¿por qué? ¿Cuál es el delito?”. También pidió al gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, y al gobierno de Curazao, informar si aparte de su hijo, los otros cinco jóvenes desaparecidos están con vida.
Producción
En el tercer punto del orden del día ejerció el derecho de palabra Aquiles Hopkins, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, quien indicó que de tres días de alimentación, los productores pueden garantizar uno por la falta de semillas, fertilizantes y agroquímicos.
Hopkins destacó que las políticas centralistas y expropiaciones a la propiedad privada, que comenzaron en el gobierno de Chávez, ocasionaron que a finales de 2017 se abasteciera solo 30% del consumo nacional.
“En el país estamos produciendo solo 20% del azúcar que se consume, porque 70% de las centrales está en manos del gobierno y ellos muelen 10%”, detalló.
Hopkins aseguró que el Estado pretende apoderarse hasta de 50% de la producción de Barinas, Cojedes y Guárico. “Si siguen emitiendo decretos que atentan contra los productores y profundizan el desabastecimiento, ¿qué comerán en Caracas, Valencia y Barquisimeto?”, preguntó.
Recordó que Venezuela no cuenta con recursos económicos para levantar la producción, pero hay países que están dispuestos a abrir líneas de créditos para adquirir los insumos. Agregó que 85% de las maquinarias están obsoletas y no tienen lubricantes.