La Asamblea Nacional (AN) sancionó la Ley sobre Calabozos Policiales, la cual contempla que se cumplan los lapsos de estadía establecidos por la ley procesal penal, establecer las garantías de rehabilitación de los procesados y formar a los policías para que cumplan de manera eficaz con su función.
Omar Barboza, presidente de la AN, señaló que la citada ley formará parte del banco de leyes que tiene el Parlameto, la cual será aplicada en su oportunidad cuando haya un cambio político en el país.
Asimismo, Delsa Solórzano, diputada a la AN por Miranda, dijo que es importante la aprobación de esta ley que ha sido consultada con todas las organizaciones que trabajan con los derechos humanos y con los gremios que elaboran la materia.
Recordó que recientemente se detectó un nuevo hecho de corrupción que tiene que ver con los calabozos policiales; el caso de la fuga de más de 250 reclusos que se fugaron de un recinto policial en Aragua.
La parlamentaria agregó que Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, no se ha pronunciado sobre el hecho. “Los calabozos policiales los usan como cárceles paralelas y como centros de corrupción”, afirmó.
Indicó que Eulice Farías, ex director de Poliaragua, es el cómplice directo de dicha fuga y que él está vinculado con la banda “El tren de Aragua”, según informaciones oficiales que han sido difundidas.
Solórzano expresó que dicha norma resolverá un gravísimo problema y que con esta ley se avanzará mucho en materia de seguridad ciudadana.
Por su parte, Adriana Pichardo, diputada a la AN, dijo que esta ley viene a subsanar daños fuertes que ha hecho este gobierno en materia penitenciaria como es la violación de los derechos humanos.
“Nos vimos en la necesidad de presentar un proyecto como éste debido a los hacinamientos que viven los centros de reclusión llamados preventivos, es decir, comisarías policiales”, afirmó.
Recordó el evento que se vivió en un centro de reclusión en el estado Carabobo donde fallecieron 76 venezolanos y uno similar que ocurrió en Amazonas en el que murieron 37.
“Esos centros no fueron diseñados para permanecer por largo tiempo, sino por 48 horas y luego presentarlo ante un tribunal”, aseveró.
Pichardo señaló que actualmente hay 300 mil personas en esa condición recluidas en comisarías y esto ha llevado a numerosos denuncias por casos de muerte, de desnutrición.
“Hay funcionarios que no están preparados para brindar el servicio y la custodia requerida”, precisó.
Señaló que desde que Iris Varela asumió el cargo de ministra en el año 2011 el problema penitenciario ha empeorado. Ella prometió la construcción de 24 cárceles.
Destacó que una de las consecuencias de la situacion con los centros de reclusión es que muchos funcionarios policiales han perdido la vida durante las fugas.
De igual forma, Oscar Ronderos, diputado a la AN, indicó que esta ley viene a atender una realidad producto de la creación de un régimen penitenciario paralelo que se está sosteniendo en todas las comisarías policiales del país.
Destacó que en condiciones normales una ley como ésta no debería existir, pero la necesidad de corregir la señalada deformación de ese sistema paralelo los obligó a aprobar la ley.
Con información de nota de prensa