Actualmente se encuentra en cartelera una excelente película argentina titulada Un cuento chino. En ella un personaje nacido en el milenario país oriental irrumpe en la vida de un hombre solitario y la perturba. Algo parecido sucede en nuestro país, en donde miles de millones de yuanes y otro tanto de moneda convertible se le han prestado al Gobierno nacional para que disponga de ellos según le venga en gana.

Los llamados fondo de gran volumen y fondo pesado concedidos por el gran país asiático suman 32.000 millones de dólares de los que el Gobierno nacional puede disponer según su conveniencia. Como no sabe muy bien en qué utilizarlos, los ha asignado a las obras más disímiles y estrambóticas, como los ferrocarriles que pretenden sustituir, dentro de los próximos diez años, a los caminos y carreteras que ahora se caen a pedazos. El resto lo dedica a la importación de electrodomésticos para comprar votos en las elecciones del año venidero.

Lo grave del asunto es que los préstamos no son gratuitos. Se deben pagar con remesas de petróleo que disminuyen los ingresos de la nación y debilitan las finanzas de nuestra industria petrolera, en la medida en que tales envíos no engrosan los balances de Pdvsa ni se añaden al presupuesto de la nación.

El diputado Miguel Ángel Rodríguez y otros parlamentarios de oposición han denunciado estos convenios y han señalado que pueden ser inconstitucionales. Pero según las prácticas de las relaciones internacionales, los acuerdos contraídos por gobiernos legalmente constituidos, como es el nuestro, deben cumplirse.

De manera que, independientemente de su conveniencia, los tratados firmados con la República Popular China no pueden repudiarse. Y, mal que bien, contar con un financiamiento de más de 30 millardos de dólares no deja de representar un beneficio. El problema consiste en dónde se aplicarán esos recursos.

Si fueran dedicados a aumentar la capacidad de producción petrolera, a explotar las reservas que, según se dice, son las más grandes de la tierra o se dedicaran al bienestar de los venezolanos postergados, los préstamos serían bienvenidos. Pero si, según parece, el petróleo que dedicamos a pagarlos va a derrocharse en proyectos fantásticos y en la compra de votos, se estaría hipotecando la riqueza petrolera irresponsablemente.

Esto no lo ha aclarado el Gobierno y las transacciones con China permanecen en la más absoluta oscuridad. Por ello no les falta razón a los diputados de oposición cuando denuncian que los acuerdos con China son una caja negra o más bien amarilla. Los planes para utilizar los inmensos recursos involucrados reflejan una improvisación inaceptable muy propia de militares corruptos e ineptos.

De hecho, no es malo obtener financiamiento. Pero es necesario saber en qué va a ser utilizado. Pues lo contrario significa endeudarse sin ton ni son, con la consecuente pérdida de soberanía nacional. Y la estamos perdiendo con China.