Este lunes los venezolanos fuimos sorprendidos por la noticia de que un grupo de indígenas que habitan en el sector de La Paragua, en el estado Bolívar, habían rodeado a 19 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, los desarmaron y retuvieron durante varias horas hasta que llegaron las autoridades civiles.

El objetivo, según los voceros indígenas, era llamar la atención sobre los continuos atropellos que sufren los pobladores de la zona por parte de los militares que supuestamente custodian esas áreas pero que, al parecer, no se limitan a cumplir con sus funciones sino que maltratan y despojan a los indígenas de sus pertenencias, les cobran vacuna para dejarlos trabajar en las "bullas" de oro y diamantes, y luego se quedan con una parte de lo extraído.

Se trata de una vieja historia pero, como todo lo que ocurre en la quinta república, hoy se han multiplicado los desmanes y despojos más propios de verdaderos hampones que de estrictos funcionarios del Estado. El daño que se le hace a la naturaleza debe ser combatido porque se desforestan amplias áreas de la selva y contaminan con mercurio el cauce de los ríos. Ahora bien, eso no significa que a los pobladores de la zona se les persiga, se les reprima y se les exija dinero para "dejarlos trabajar".

Lo lógico es incorporarlos a la minería, si ello es posible y deseable, dentro de un esquema que permita conservar el ambiente y erradicar la contaminación. Y si no, entonces darles un medio diferente de vida que sea constante y decente. Mientras no se les dé una alternativa, las etnias continuarán buscando oro y diamantes por toda la inmensa selva.

Paralelamente a estas explotaciones informales que castigan y degradan el ambiente, se han levantado redes comerciales y financieras igualmente ilegales, que escapan de diversas maneras al control de las autoridades constituidas. No es posible que la Guardia Nacional Bolivariana se dedique a perseguir a los indígenas que, como todo el mundo sabe, son el último eslabón de la cadena de explotación ilegal de oro y diamantes.

El gobernador de Bolívar debería ser interpelado e investigado por su innegable incapacidad de proteger el territorio que está bajo su mando. No es posible que delante de sus narices se trasladen a la selva maquinarias, motores y combustible en cantidades que superan lo imaginable.

No es posible tampoco que el gobernador desconozca que hacia las "bullas" de oro vuelan diariamente decenas de avionetas y helicópteros con suministros para los mineros. Es imposible que no sepa que existe en su estado un permanente tráfico metales preciosos hacia el sur y que, mientras él mira hacia otro lado, millones de bolívares circulan en el mercado negro de oro y diamantes. Pero él prefiere atacar a los indígenas, los más desprotegidos. ¿Será que los reyes del negocio del oro sí están bien protegidos?