El problema de los derechos humanos en Venezuela es tan grave que no puede ser abandonado según estallen las crisis en las cárceles, en la represión contra los estudiantes, en las arremetidas policiales para detener las manifestaciones de los obreros y empleados que exigen que se les cumpla con sus contratos colectivos, que se les paguen sus prestaciones y se les asegure la atención debida en los centros de salud.

Los médicos, las enfermeras, los camilleros y los conductores de ambulancia son víctimas de los abusos del poder al obligarlos a trabajar en condiciones miserables. Igual ocurre con los maestros y los profesores que hacen de tripas corazón para recibir a los alumnos e impartir conocimientos en escuelas, liceos y universidades desvencijadas o en ruinas.

Los ciudadanos en general desconocen sus derechos, pero gracias a talleres y seminarios que imparten las organizaciones no gubernamentales aprenden que no pueden ser vejados por los funcionarios cuando les exigen documentos y requisitos como si fueran vulgares delincuentes. El combate contra el crimen no autoriza jamás el atropello.

Pero a un ministro de Interior le ha dado por atacar a las organizaciones no gubernamentales que se preocupan y trabajan porque se cumpla lo que establece la Constitución. Se han dedicado a despotricar contra las que piden explicaciones oficiales, contra las que exigen que se aclaren hechos presuntamente delictivos cometidos por funcionarios policiales o de las cárceles.

Ayer se pudo leer en un despacho de la agencia internacional AP, firmado por la corresponsal Fabiola Sánchez, que el representante de una conocida organización que se dedica al problema de las cárceles denunció que ha recibido amenazas de muerte que le han obligado, a instancia de Amnistía Internacional, a salir del país y refugiarse en España. Se trata de Humberto Prado, un ciudadano que estuvo preso y luego salió de la cárcel para luchar por el mejoramiento de las prisiones.

No es el primer activista al cual el Gobierno le ha declarado la guerra. También a Cofavic, que ha llevado el caso de los muertos del Caracazo, le han caído encima. Ahora, en el grupito que rodea a la ministra Iris Varela, parece que toma vuelo la idea de arremeter contra Carlos Nieto, docente universitario, alumno del doctor Elio Gómez Grillo y director de la ONG Ventana a la Libertad, que se caracteriza por sus denuncias contra las mafias carcelarias internas y externas, que convierten al preso en un negocio.

Mala idea. El profesor Nieto no sólo es una persona honesta y reconocida en los asuntos carcelarios, sino que pertenece al Comité Editorial de El Nacional que trata este tipo de asuntos de las prisiones con seriedad y profesionalidad. Además, dirige una serie de talleres de derechos humanos en este diario orientados a los ciudadanos que necesitan saber cómo desenvolverse ante un atropello policial o de la Guardia Nacional. Quedan advertidos, por si acaso.