Finalmente se conocieron los resultados previos del EPU, Examen Periódico Universal, al que por primera vez fue sometida Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el viernes 7 de octubre, en Ginebra. La delegación venezolana se movía nerviosa como pajarito en rama.

Y no era para menos: 148 recomendaciones directas le fueron formuladas por las naciones integrantes sobre diversos aspectos en los que consideraron que no hay garantía suficiente de respeto en nuestro país.

Del total de recomendaciones 38 fueron rechazadas de plano por la delegación venezolana y 15 más quedaron reservadas para cuando se adopte el informe definitivo en marzo de 2012, lo que significa que los bolivarianos no están muy de acuerdo con aceptarlas.

Sólo 20 recomendaciones fueron aceptadas por la delegación roja rojita y en relación con otras 75 se alegó que ya se estaban implementando, lo cual es una mentira del tamaño de las pirámides de Egipto. Ya sabemos que los militares y los comunistas no aceptan ni respetan la vigencia de los derechos humanos. Lo de ellos es la violación sistemática de las condiciones civiles e institucionales.

Por ahora queda como tarea a los venezolanos ponerle el ojo a la verdadera implementación de estas recomendaciones porque suena a mentira revolucionaria que existan ya 75 exigencias en proceso. Que se sepa, ninguna delegación internacional se había pronunciado anteriormente sobre esos temas tan precisos, por lo que resulta sospechoso que las mansas ovejitas bolivarianas se hubieran adelantado a los resultados del examen de la ONU.

Vale la pena establecer que el Estado bolivariano se declaró en rebeldía ante la exigencia de respetar la libertad de expresión en el país, cesar la persecución desatada contra los periodistas y crear mecanismos de acceso a la información oficial. Ninguna de las recomendaciones en procura de proteger a los medios de comunicación fue aceptada. Tampoco se aceptó la vigilancia de la independencia del Poder Judicial y la autonomía de los jueces en sus decisiones. La persecución a los defensores de derechos humanos que hagan denuncias contra actuaciones del Gobierno y tengan una actitud crítica en contra, tampoco fue aceptada.

Se dejó para marzo la decisión de aceptar o no la entrada en el país de los relatores de la ONU en materias específicas como libertad de expresión, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia contra las mujeres y otros, que la revolución roja rojita desde hace años impide que visiten Venezuela para ver la situación in situ.

Igualmente dejó para después el permitir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene más de nueve años pidiendo su entrada en el país, sin éxito. Por ahora las cartas están echadas y las caretas caídas. Ya el Gobierno nos dijo qué pretenden hacer en materia de respeto a los derechos humanos que es lo mismo que nada.