Finalmente el país fue sometido, por primera vez, en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas al Examen Periódico Universal sobre su respeto a los derechos humanos y su acatamiento a los compromisos contraídos mediante los diferentes tratados, pactos y convenios internacionales que ha suscrito la nación.

Como algo inusual, Venezuela llevó una delegación oficial con mucho sobrepeso: cerca de 200 personas, que regresaron con las maletas más sobrepasadas. En el acto oficial intervinieron el canciller (que llevó la batuta), la fiscal general, la presidenta del TSJ (¿?), el procurador rojo rojito, el picure jefe de la OCEI y hasta la ministra para Asuntos Indígenas.

Los "países chulos" ­como se les califica en el habla popular venezolana­ Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, así como los "neoimperialistas" que se apropian de nuestras riquezas como Rusia y China, pasaron la noche en vela para ser los primeros en inscribirse en el derecho de palabra en la sesión y alabar los logros del comandante. Pero, por novatos, no se percataron de que ya 70 países habían pedido su derecho a intervenir y hacer recomendaciones al Estado venezolano sobre los incumplimientos en materia de derechos humanos.

De los países que presentaron recomendaciones es importante destacar que más de 50 abordaron críticamente temas clave como la libertad de expresión, la lastimosa situación penitenciaria, la inseguridad de los venezolanos en las ciudades y en el campo, la persecución sistemática a los defensores de derechos humanos y la negativa del presidente Chávez a que los organismos internacionales hagan visitas de reconocimiento para comprobar la situación en el país. Queda claro que el mundo civilizado puso sus ojos en Venezuela por su reiterado incumplimiento y desacato en derechos humanos.

Mañana martes, en una sesión del Consejo de DDHH de la ONU, Venezuela dirá qué recomendaciones acata y cuáles rechaza. Ese es un mecanismo previo al informe final que se conocerá en los próximos tres meses. Del acatamiento de las recomendaciones veremos la verdadera intención del Estado bolivariano de ser respetuoso o no a los derechos humanos.

Pende, pues, la espada de Damocles sobre el comandante.

Ya el canciller Maduro adelantó que sólo acatarán lo que no vulnere la Constitución; eso contradice nuestra carta magna, que establece que las decisiones de los organismos internacionales son de obligatorio cumplimiento. Se están colocando la soga en el cuello porque, en el futuro, cuando sean juzgados, no podrán acudir a las instancias internacionales. Ellos mismos las invalidaron.

Este examen indica que el mundo sabe que en Venezuela hay una constante y reiterada violación de los derechos humanos, algo que no se puede ocultar a los ojos de la comunidad internacional y que el Estado venezolano no tiene intención alguna de solucionar esa práctica descarada.