A Venezuela le será dificil explicar el próximo viernes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU explicar el deterioro de los hospitales, de la educación pública y al hampa desbordada sin explicar por qué no le han puesto un alto a esa situación, entre otros puntos.



Lea el editorial publicado este lunes:


Se inicia la cuenta regresiva para que Venezuela sea sometida al Examen Periódico Universal, EPU, en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, entre cuyas funciones está evaluar el desempeño de los Estados miembros en el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre los instrumentos de protección de los derechos humanos que Venezuela ha suscrito y, por ende, debe cumplir. La cita está pautada para el próximo viernes 7 de octubre, en Ginebra, Suiza.

Las organizaciones de la sociedad civil tienen un buen tiempo preparándose para la cita del EPU. En marzo pasado, 383 organizaciones venezolanas y 190 internacionales presentaron un total de 575 informes, en los que expusieron su visión de los temas que serán evaluados. De las nacionales hubo 48 organizaciones autónomas, 276 consejos comunales, 14 unidades de batalla y 45 organizaciones no autónomas. Entre las internacionales destacan las bolivianas, que enviaron 92, Cuba con 12 y Argentina con 6. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de Venezuela también enviaron el suyo.

Para este examen se designó como relatores del debate una troika compuesta por los países: Burkina Faso por África Occidental, la Republica Checa por Europa y Guatemala por América.

Las cartas están echadas y el día de la evaluación está encima para los rojos rojitos, que tienen lista una megadelegación para hacer barra en Ginebra el próximo 7 de octubre, cuando tendrán que explicarle al mundo los avances de su revolución en derechos humanos. El resto de los mortales, que no tenemos dólares de Cadivi para asistir, lo veremos en directo por Internet.

Será interesante ver cómo nuestro canciller, que suponemos sea el representante del Estado, explicará en Naciones Unidas por qué la jueza María Lourdes Afiuni está presa por acatar una orden de esa organización o cómo explicará la dramática situación de las cárceles.

Será difícil para el Estado venezolano referirse al deterioro de los hospitales, de la educación pública y al hampa desbordada sin explicar por qué no le han puesto un alto a esa situación, o confesar por qué la mayoría de nuestros jueces son provisorios y la división de poderes aquí se fue de vacaciones indefinidas.

Veremos qué papel hace la delegación oficial en su primer examen en derechos humanos ante el organismo internacional. No será de extrañar ver cómo aplauden a rabiar las Luisas y Gabrielitas cada frase del representante oficial, mientras dan muestras de la separación de poderes.

Sólo queda esperar los resultados finales y, lo más importante, los resultados de la evaluación, que serán recomendaciones al Estado que los venezolanos estamos obligados a darle seguimiento y exigir su cumplimiento.