Recientemente, el mundo se conmocionó con el incendio en una cárcel de Honduras que causó la muerte de 359 reos. La labor de identificación de los cadáveres ha sido en extremo complicada, tanto por el estado en que quedaron los cuerpos como por la falta de forenses en esa nación. Gracias a la ayuda profesional llegada de varios países de América Latina se han realizado las autopsias. Ha sido una labor titánica porque en la gran mayoría de los casos "el análisis de huellas dactilares es insuficiente para la identificación y se debe recurrir a las pruebas de ADN".

Paralelamente a esa tragedia, tanto en México como en Venezuela siguen los enfrentamientos entre los presos sin que nadie haga algo para impedir que la entrada a la cárcel signifique una pena de muerte. Día tras día se van acumulando los asesinatos en los recintos penitenciarios, mientras el Gobierno, que debe ser garante del derecho a la vida de un privado de libertad, voltea su mirada hacia otro lado y deja que todo ocurra, mezclando de esa manera a justos y pecadores ante la guillotina instalada en las prisiones por los mismos cabecillas de las bandas que azotan la ciudad.

Si un joven comete un hurto de menor importancia, o se asocia por inmaduro al saqueo de un camión volteado en la carretera, va al mismo recinto donde están los peores criminales y es objeto de todos los maltratos posibles, desde la violación sexual hasta el despojo de sus pertenencias. Y lo peor es que no se les lleva a los tribunales para que se les declare culpables o se les exonere.

Mientras tanto, se adhieren a la cultura del delito, al odio a quien tiene la oportunidad de hacer una vida diferente en el barrio y les urge la necesidad de vengarse de una sociedad que los ha destruido como personas desde muy jóvenes. Esa fábrica de delincuentes está alimentada por una cuestión fundamental: la impotencia del Estado para estructurar un sistema de cárceles que clasifique a los privados de libertad entre los de menor peligro y los jefes de bandas, entre los procesados cuya culpabilidad está en duda y en manos de los fiscales y los jueces, y aquellos que cumplen condena porque la magnitud de sus delitos así lo indican.

La mezcla en los recintos carcelarios de jóvenes y veteranos en el camino del delito sólo produce más delincuencia, dentro y fuera de la cárcel, y desde luego incrementa el crimen en las calles. Nadie sale de una prisión convertido en un angelito, pero tampoco conseguirá redimirse si el Estado no le da la oportunidad.

La situación penitenciaria hondureña no está muy alejada de la venezolana respecto a los altos índices de hacinamiento que tienen en sus cárceles, cuestión que convierte ese tipo de tragedias en algo difícil de manejar. Si en Venezuela ocurriera algo similar, no habría dudas de que el resultado sería más lamentable que el de Honduras.