La conflictividad parece querer quedarse en España, impulsada por la crisis económica que afecta el país desde 2008. Ahora tiene un detonante adicional, una reforma laboral que, según especialistas, puede mejorar las condiciones de empleo y que para los sindicatos, pone a los trabajadores en minusvalía frente a los patronos.

Los cambios buscan sentar las bases para mejorar la economía del país. El producto interno bruto de España decreció 0,3% en el cuarto trimestre de 2011 en comparación con el período julio-septiembre de ese año. El desempleo superó 23% -5,2 millones de paradosy el juvenil ronda 50%.

El nuevo marco legal entró en vigor el 13 de febrero. Es parte de una reforma integral que adelanta el gobierno. La normativa reduce el tope de las indemnizaciones por despido; se elimina la aprobación de la autoridad para cesar a un individuo; se establecen estímulos para la contratación de jóvenes y mayores de 45 años; se ordena que quienes reciben el seguro de paro forzoso presten servicios a la comunidad y se garantiza la formación del personal.

"Buscamos fomentar la contratación, potenciar los contratos indefinidos y flexibilizar las condiciones de las empresas para evitar el despido", explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el 10 de febrero.

Visiones. Las medidas han recibido aplausos de la Unión Europea. La visión de los sindicatos es distinta. Javier Doz, secretario de relaciones internacionales de Comisiones Obreras que, junto a la Unión General de Trabajadores, adversan la reforma, dijo que hay dos críticas. La primera, de procedimientos.

"No nos consultaron todos los aspectos y vulneraron un acuerdo suscrito con las organizaciones empresariales relacionado con salario y negociación colectiva en la que hablábamos de flexibilidad para salvar el empleo", explicó.

Sobre el contenido, denunció el establecimiento de un arbitraje obligatorio para llegar a acuerdos entre patronos y trabajadores; autoriza a las empresas a modificar las condiciones laborales pactadas cuando ellas pudieran arrojar disminución de ingresos aunque produzcan dividendos; abarata y facilita los despidos, y elimina la autorización administrativa para cesar a alguien.

La reforma divide a los especialistas. El economista Carlos Buhigas afirmó que responde a una exigencia que data desde la década de los años noventa de flexibilizar las reglas laborales. "Todos los países que la han acometido han tenido éxito en la creación de empleos", expresó.

Calificó como positivo el cambio impulsado por el gobierno. "Es un paso completo para intentar desenredar las deficiencias de un mercado laboral con un grado de desempleo moralmente intolerable; lo negativo es que no habrá mejora del empleo a corto plazo", advirtió Antonio Argandoña, economista de la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, aseguró que la reforma era solicitada por expertos y empresarios. Aseveró que tiene muchos aspectos positivos.

"Está llamada a cambiar el obsoleto mercado de trabajo. En lo negativo, me parece poco ambiciosa en aspectos como el excesivo recurso a la bonificación de las cotizaciones sociales para incentivar la creación de empleo", expresó Afirmó que a corto plazo devolverá la confianza a los empresarios para invertir; en el mediano, facilitará las contrataciones al "despuntar la demanda de bienes y servicios", y en el largo, mejorará la competitividad y la productividad del país.

En la acera de enfrente está José María Mella, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, para quien es el resultado de las presiones de los países que lideran la Unión Europea "con el acuerdo entusiasta del gobierno y la patronal española".

"No es la reforma que necesitábamos. En vez de impulsar la economía y el crédito para contratar más trabajadores, se ha empezado por una medida que aumentará el desempleo, deprimirá más el consumo y, en consecuencia, impedirá el crecimiento", lamentó.

Explicó que en el corto plazo aumentarán los expedientes de regulación de empleo; en el mediano, no habrá recuperación económica, y en el largo, el mercado de trabajo será más inseguro, precario y con salarios inferiores.

El rechazo hacia la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy, del Partido Popular, tendrá su primera expresión en una marcha que se realizará hoy en varias partes del país, con epicentro en Madrid. "Estamos estudiando recurrir la reforma ante el Tribunal Constitucional. Presentaremos una queja ante la OIT y el 29 de febrero haremos una jornada europea de protesta", remató Doz.