Ser autoridad de Gobierno, diplomático o tener escoltas no es garantía de seguridad en Venezuela. Casos recientes muestran cómo la delincuencia, con armas y técnicas cada vez más sofisticadas, ha logrado romper los cordones de seguridad que este tipo de personalidades suele tener. En menos de 48 horas, un gobernador, un alcalde y un jefe de policía dejaron sus nombres en la lista de víctimas.

El lunes 6 de febrero el gobernador del estado Monagas, José Gregorio Briceño, sufrió un supuesto atentado dentro de un gimnasio. José Cairo, uno de sus escoltas, trabajador de Polimonagas, murió ese día al enfrentarse con los delincuentes, mientras trató de cumplir con su labor de salvaguardar la vida del mandatario local.

Aunque el mandatario insistió en que se trataba de un robo, otros elementos hacen suponer a los expertos que fue un sicariato.

La madrugada del martes 7 de febrero el alcalde de Pariaguán (Anzoátegui), Tomás Bello, y el jefe de la policía municipal, José Oraste, recibieron varios impactos de bala cuando se desplazaban en el vehículo de Bello, desde El Tigre a Maturín. Este hecho ocurrió apenas 24 horas después de que se capturara en esa localidad al capo colombiano, Martín Llanos.

24 horas más tarde, otro funcionario fue víctima de la violencia. El director de la policía de Guárico, Jorge Arzola, fue asesinado por varios delincuentes que lo interceptaron en la Autopista Regional del Centro cuando cambiaba los cauchos de su vehículo.

El sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, explicó que estos hechos son una muestra de que el crimen está cada vez más organizado en el país. "En el país tradicionalmente habíamos tenido un crimen mucho más espontáneo, delincuentes que actúan de manera reactiva, pero cuando ocurren hechos como estos, lo que se demuestra es que no hay ni una policía ni una autoridad que le ponga contención a la delincuencia. Se trata de una escalada distinta de la violencia, que se está organizando y está tocando más directamente las puertas del poder público y sus autoridades", comentó el experto.

Briceño advirtió que al tratarse de autoridades gubernamentales, es evidente que no se puede hablar de violencia política y que, por el contrario, podrían ser acciones para intimidar, vengar o contener a las instituciones que ellos representan.

El criminólogo Luis Izquiel dijo que los secuestros, homicidios y presuntos atentados a representantes del ámbito político, que pudieran tener relación con sicariatos, son el resultado de políticas de seguridad fracasadas.

"En un pasado reciente el embajador de México en Venezuela, Carlos Pujalte, fue secuestrado y en esta semana se han presentado estos tres casos. El secuestro express, en principio, tuvo mucho auge en México y en la actualidad tiene una gran incidencia en Venezuela. Ese delito tuvo que establecerlo la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión. El sicariato, que ha tenido auge en Colombia, también ha migrado a nuestro país. En el artículo 12 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada se establecen las sanciones para este tipo de delito", manifestó.

Nuevo modelo
"Es un panorama similar a lo que vivió en una época Brasil, México y Colombia. Estamos muy cerca de parecernos, pero se puede evitar. El crimen no está suficientemente organizado y lo que se necesita es que el Estado dé una respuesta firme, pero eso es algo que no sucede en Venezuela, por la confusión ideológica que tienen las mismas autoridades. Si no se da una respuesta, habrá un incremento de estas acciones y comenzarán a verse atentados contra jueces, policías y todo lo que es la fuerza de contención del delito y el crimen", dijo el director del OVV.

Izquiel explicó que, aunque una de las hipótesis que se ha manejado en el presunto atentado contra el gobernador de Monagas y el asesinato del jefe de Poliguárico, es el del sicariato, hasta que no se culminen las investigaciones, ese móvil no es certero. Sin embargo, destacó que las modalidades delictivas de secuestro express y sicariato, anteriormente no se veían en el país.

Para la criminóloga Mónica Fernández es muy grave que los casos de inseguridad en los que han sido víctimas cuatro funcionarios públicos, esté involucrada la delincuencia organizada de alto nivel.

"Si revisamos nuestra historia criminal, vemos que estos casos descuadran con la casuística. Cuando ocurren situaciones así, se pueden involucrar con casos de corrupción y de narcotráfico. Estamos hablando de delincuencia organizada de muy alto nivel que exige una especialización en investigación criminal. En las épocas en que Colombia y en México vivieron situaciones similares, la inseguridad se intensificó. No sería justo convertir todo esto como una bandera política en época electoral", puntualizó.