El presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, advirtió que obligar a fabricantes e importadores a marcar el precio de venta al público de los productos tendrá consecuencias negativas tanto para distribuidores y comerciantes como para la población en general.

"En un país con inflación alta, cuando el PVP lo marca de forma inamovible el importador o el fabricante del bien tienden a reducirse los márgenes de ganancia. Eso implica que en algún momento los comerciantes dejan de vender los productos", dijo Botti.

Recordó que el marcaje obligatorio por fabricantes e importadores se aplicó durante la década de 1980, cuando comenzó el problema de la inflación en Venezuela, y produjo escasez. "La medida trajo una gran cantidad de problemas y tuvo que ser levantada".

Botti considera que sería más práctico el marcaje de un precio sugerido de venta, como sucede en casi todos los países.

"Eso permite al consumidor tener un arma para presionar al expendedor y también promueve la competencia entre los actores comerciales".

Pero ratificó que la propuesta del sector empresarial es buscar la forma de aumentar la producción porque es el único camino, junto con la sensatez en el manejo de los asuntos macroeconómicos, para estabilizar los precios.

Sin incertidumbre. A Botti no le sorprende que voceros oficiales anuncien que bajarán los precios de los 19 productos congelados desde noviembre. "Si han acusado al sector privado de tener precios más altos que en otros países de la región, evidentemente habrá una reducción".

No quiso especular cuánto descenderían los precios ni cuál sería el impacto de la medida, pero pidió que el Gobierno se pronuncie lo más pronto posible para acabar con la incertidumbre que existe entre quienes fabrican, importan y comercializan los productos con precios congelados.

Botti rechazó la intención gubernamental de excluir los impuestos del cálculo de los costos. "Hay estudios recientes, como el presentado por Conindustria, que muestra que 47% de lo que pagan los consumidores por un producto va al fisco de alguna manera".

Señaló que el desempeño de cualquier actividad económica implica el pago de tributos, contribuciones y tasas, que en el caso venezolano cada vez son más. "Eso tiene que ser incluido en la estructura de costos. Lo que compartimos es que se haga de la forma más transparente posible para el público".