Entregar fusiles a niños es expresión de una ideología, la de la fuerza, la destrucción, el enfrentamiento y el militarismo. Esa ha sido la intención del acto escenificado por el colectivo La Piedrita el pasado 23 de enero. Dotar de fusiles a ciudadanos de la tercera edad y a voluntarios indigentes es otra manifestación del mismo enfoque.

Tal es el caso de las milicias populares, que han recibido el apoyo del Gobierno. El problema es que existe un exceso de ese tipo de armas y de ganas de que sean utilizadas. Los 100.000 fusiles comprados a Rusia y los que debiera producir la fábrica de Maracay constituyen la base material de esa ideología.

Entre los economistas hay un viejo debate en torno a si la demanda crea su oferta o si la oferta crea su demanda. El caso de los niños con fusiles y pasamontañas en las barriadas de Caracas sirve para ilustrarlo. Con tantos fusiles dando vueltas, según se dice para salvar la patria y la soberanía de la invasión de un imperio timorato, hay que encontrar quien manipule las armas adquiridas en Europa Oriental y Asia. En este caso, la oferta alimenta la demanda y, de paso, corrompe el alma de los niños.

El ejemplo contrario se presenta en Cuba. En La Habana resulta fácil encontrar a niños realizando ejercicios militares con fusiles de palo. En ese caso, la demanda fomenta la oferta de fusiles, la cual probablemente será satisfecha con las compras que permiten los generosos créditos de Venezuela.

En ambos casos se trata de armar a niños para que impongan por la fuerza y la amenaza lo que quiere el poder constituido. La invocación a las armas, reales o de palo, no es simple coincidencia, sino expresión de una inclinación y una forma de actuar.

Los grupos armados oficialistas del 23 de Enero que armaron a los niños deben ser juzgados y sometidos a prisión de uno a cinco años, de acuerdo con el artículo 261 de la Lopna. También deben ser acusados por violar la ley que prohíbe los videojuegos y juguetes bélicos (aprobada por la AN) y castigados con penas de 3 a 5 años de prisión más una multa correspondiente a más de 1.000 unidades tributarias. Además, el Código Penal se expresa claramente sobre ese tipo de actividades y las califica de apología del delito.

Las condenas oficiales y las promesas de investigación por parte de altos funcionarios ante esos ejercicios de violencia pueden significar dos cosas: por una parte, temor a las instituciones militares que reclaman su derecho a tener el monopolio de las armas. Por la otra, una desviación de la teoría de la cúpula de poder cubana de que el pueblo en armas es una garantía del avance de la independencia y el cambio estructural.

Mientras tanto, se sigue corrompiendo a los niños y se les instila una dosis de odio; los fusiles se constituyen en un símbolo de violencia y se sustituye la cultura del revólver como símbolo de la inseguridad por la cultura del fusil como expresión del abuso colectivo.