Los consejos comunales tendrán potestad de solicitar a los organismos competentes la revocatoria de portes de armas, si se aprueba el proyecto de ley de desarme y control de armas y municiones que entrará la próxima semana en sesión plenaria de la Asamblea Nacional.

Así lo establece el artículo 36 del texto publicado hace una semana en la web, después que el diputado Freddy Bernal concediera una entrevista a un portal de noticias.

El artículo dice: "El poder popular organizado a través de las comunas y los consejos comunales y cualquier otra forma de organización social, podrá solicitar ante los órganos competentes en materia de defensa y seguridad ciudadana, la suspensión de la licencia de porte o tenencia de arma de aquella persona que realice conductas que amenacen la paz y la seguridad de la colectividad".

El abogado criminalista Fermín Mármol García señaló que medidas como esas sólo buscan perjudicar a las 30.000 personas que actualmente portan armas de fuego legalmente permisadas. "De esas personas se sabe quiénes son y qué tipo de armas tienen, porque son legales, pero por ninguna parte se ve que hable de cómo sacarán de circulación las 12 millones de armas ilegales que hay en el país y, para ser una ley que tiene dos años consultándose y elaborándose, es muy poco ambiciosa", expresó el especialista.

Licencias menos duraderas. El texto propone, además, que la duración de las licencias para portar armas de fuego sea de dos años y no de tres como lo contempla la legislación vigente. Quien tenga un porte a punto de vencerse deberá comenzar a gestionar su renovación 60 días antes de que expire el permiso vigente, pues de lo contrario serán sancionados con el pago de 80 Unidades Tributarias, tal como lo establecen los artículos 18 y 46 del proyecto.

No hay represión. El proyecto de ley establece que los portes de armas sólo se otorgarán a personas mayores de 25 años de edad y además habla de algunos supuestos para la recuperación de armas por parte de las autoridades, en los cuales se menciona, entre otros, a las que están en poder de los presos. Sin embargo, no es clara ni establece qué mecanismos se utilizarán para recuperarlas, ni tampoco cómo se efectuaría un proceso de entrega voluntaria en la sociedad o bajo qué premisas ocurriría. Sólo propone que el Estado, a través de los ministerios encargados del tema de la seguridad ciudadana, elabore políticas públicas orientadas a decomisar estas armas.

"El problema en Venezuela no es de leyes, sino de hacerlas cumplir. Está bien que se establezca la prevención, pero si se tiene la experiencia de Brasil ¿cómo no se toma en cuenta la represión que es necesaria para el desarme? Lo que sucede es que este gobierno se niega a permitirse políticas represivas contra la delincuencia y contra aquellas personas que violan la ley y no entienden que esos hechos no tienen nada que ver con violación de derechos humanos", dijo Mármol García.

Para el experto, llama la atención que en 2011 el Parlamento diera prioridad a leyes como la de Discriminación Racial y no a la ley para el desarme. "También debemos señalar que todos los decretos ministeriales relacionados con el tema van dirigidos a los que portan armas legales, como por ejemplo el de no portarlas en actos públicos, en el sistema de transporte, sin tomar en cuenta que el delincuente no entra en el marco de acción de ese tipo de decretos", dijo el jurista.