El martes 24 de enero el Gobierno "formalizó su renuncia irrevocable del Convenio (que) instituye el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones". En el Ciadi, adscrito al Banco Mundial, se ventilan 27 demandas en contra de la República de Venezuela, por apropiación de activos y violación de contratos, las más importantes de las cuales fueron introducidas por las empresas petroleras Exxon-Mobil y Conoco-Phillips para reclamar indemnizaciones por decenas de miles de millones de dólares. Todas estas demandas seguirán su curso a pesar de esta medida, e incluso pudieran introducirse nuevas durante los próximos seis meses.

La decisión responde a una orden dictada por televisión por el comandante Presidente quien, como hacen los muchachos malcriados después de perder una partida, exclamó "¡No juego más!", y le dio una patada al tablero. Lo malo es que en este caso se trata del tablero de la inversión extranjera y de la inserción de Venezuela en la economía mundial.

Porque la principal función del Ciadi es garantizar el cumplimiento de las leyes y los acuerdos para evitar arbitrariedades y abusos de poder. Sin esa garantía, y dada la inclinación del actual presidente a hacer lo que le da la gana, difícilmente arriesgará su dinero en nuestro país un inversionista, porque corre el riesgo de que le suceda algo similar al caso de la jueza Afiuni o de los agricultores españoles expropiados que no tienen quien los defienda.

La Cancillería alega que las diferencias entre el Gobierno y los inversionistas extranjeros debieran dirimirse en los tribunales nacionales. Este argumento tendría algún peso si en el país existiera un Poder Judicial autónomo. Pero como aquí los jueces se visten de rojo cuando el Gobierno se los pide, porque si no son destituidos; la presidenta del Tribunal Supremo no cree en la separación de poderes; y la Asamblea de las focas le dio poderes extraordinarios al comandante Presidente para que legisle sobre lo humano y lo divino, cuesta creer en la imparcialidad de nuestras instituciones judiciales.

Por ello, el efecto más probable del retiro del Ciadi es que quienes dirigen actualmente la economía venezolana terminen, como los niños que patean el tablero, solos y aislados en un rincón, rumiando consignas contra los que siguen jugando en la economía mundial, o vayan a reunirse, como ya lo están haciendo, con sus amigos forajidos.

Particularmente graves son las consecuencias en el área petrolera, porque para desarrollar los petróleos extra pesados de la Faja del Orinoco se necesita la tecnología de quienes saben hacerlo, que son los que menos van a venir, y porque la táctica de rifar la faja entre los amigos forajidos, en detrimento de la soberanía nacional, nos condenará a seguir teniendo para siempre las reservas más grandes del mundo, pero no vamos saber cómo aprovecharlas, tal como lo demuestra el estancamiento de la producción petrolera.