A 184 días de la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario y la designación de Iris Varela (ex diputada de la Asamblea Nacional por el PSUV) como titular de ese despacho, la situación carcelaria en el país no ha tenido ninguna mejoría: persisten los retardos procesales y el hacinamiento, el poder sigue en manos de los reclusos y continúa creciendo la violencia dentro de los retenes.

El decreto de su creación fue publicado hace seis meses en la Gaceta Oficial 39721 del 26 de julio de 2011. A esta fecha, ya se cumplió el plazo de 180 días establecido en el artículo 8 de la orden presidencial, el cual establecía que en este período se debía concretar la transferencia de recursos, bienes y personal de la Dirección Nacional de los Servicios Penitenciarios del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia al nuevo despacho. La realidad es que aún todo este trámite está en proceso.

Decisiones erradas. Ocho días después que Varela tomo posesión del cargo como ministra, giró una circular a todos los penales y sedes policiales del país, en la cual ordenaba que se suspendieran los traslados de detenidos a las cárceles. Esto generó el colapso de las subdelegaciones de las policías estadales y municipales, que no cuentan con la infraestructura necesaria para mantener a las personas que aprehenden durante mucho tiempo.

El documento además constituyó una afrenta al Poder Judicial, pues las decisiones tomadas en los tribunales, referidas al sitio de reclusión de las personas que eran detenidas, quedaban sin efecto hasta que se derogó la orden ministerial.

Posteriormente, se filtró en la Asamblea Nacional un nuevo texto del Código Orgánico Penitenciario, completamente distinto en esencia y articulado al que fue llevado al parlamento por el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck el Aissami, aprobado en primera discusión en abril de 2011.

Supuestamente, el legajo fue elaborado con la asesoría de un funcionario cubano de nombre Miguel Azcuy, director de prisiones de la isla, y entre las irregularidades que planteaba, estaba la eliminación de los tribunales de Ejecución y dejaba a discrecionalidad de Varela esta fase del proceso penal de los reclusos. En el parlamento suspendieron la discusión de este segundo proyecto de código.

Reclusos al poder. Si algo no ha podido hacer Varela en estos seis meses, es eliminar las mafias que controlan los mercados de armas y drogas dentro de los penales, el poderío que detentan los pranes y las estructuras sociales a las que se debe someter un preso cuando llega a alguna prisión venezolana.

A pesar de ser reconocida como una de las figuras más radicales y con más carácter dentro de las filas del chavismo, en sus declaraciones públicas sólo ha sugerido que se deben desmontar las rutinas de las pernoctas de familiares, pero no ha tomado ninguna medida al respecto.

Estas visitas prolongadas continúan permitiéndose y de hecho el primer conflicto de 2012 iniciado en la cárcel de Yare comenzó con la retención voluntaria de familiares que estaban en la pernocta decembrina.

Varela ha reaccionado y cedido a las presiones de los reos con la implementación de planes como la Cayapa Judicial, a través del cual han quedado en libertad un número no precisado de reclusos mediante procesos judiciales expeditos realizados en los penales con tribunales itinerantes. La funcionaria explicó recientemente que trabajaría en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público para que fueran beneficiados con sobreseimiento de sus causas reclusos que tuvieran buena conducta.