Una tarde la policía de Zapopan, Jalisco, atendió lo que parecía ser una rutinaria llamada de auxilio: una mujer acusaba ruidosamente a su cuñada de pretender venderle a uno de sus dos sobrinos.

Al revisar a la acusada los agentes se llevaron una sorpresa. La mujer tenía un contrato para rentar niños para supuestas sesiones fotográficas de una campaña contra el aborto que se realizaría en Guadalajara, ciudad vecina a Zapopan.

Los contratos resultaron ser un justificante para la ausencia de los menores, que en realidad serían entregados a una pareja de irlandeses que pretendían adoptarlos.

Este fue el inicio de una investigación que desactivó a una red dedicada a promover adopciones de forma irregular, especialmente entre ciudadanos extranjeros.

Al menos diez menores que serían entregados a extranjeros fueron recuperados, mientras que nueve integrantes del grupo permanecen bajo custodia de la policía a la espera de un juicio.

El caso desató una polémica en Jalisco, al oeste de México, pero según las autoridades podría ser el inicio de algo más grave.

“Las madres dicen que estaban rentando a los niños, pero eso no está permitido”, le dice a BBC Mundo Lino González Corona, vocero de la Procuraduría (fiscalía) General de Justicia de Jalisco.

“Pudiera estarse encubriendo tráfico de menores. Hay una hipótesis de que las madres estaban de acuerdo porque llegaba el momento de que los niños salían del país o no estaban con ellas, y no lo denunciaron ante la Procuraduría”.

Dólares

Las adopciones irregulares no son un tema nuevo en Jalisco. Desde hace varios años organizaciones civiles han denunciado la entrega de niños sin cumplir con todos los protocolos legales.

Algunos de los beneficiados han sido ciudadanos extranjeros, quienes suelen pagar miles de dólares para obtener la custodia de un niño.

Según las autoridades en la mayoría de los casos se trata de acuerdos privados que se realizan sin la supervisión del gobierno, como parece haber ocurrido con los ciudadanos irlandeses.

El grupo que permanece en custodia de la policía buscaba a los niños en barrios populares, especialmente en los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la capital de Jalisco.

Elegía sobre todo a madres solteras a quienes les ofrecían hasta US$500 por “rentar” a los menores, quienes supuestamente participarían en una campaña contra el aborto.

Engaño

Pero en realidad los niños eran entregados a parejas irlandesas para que los conocieran y pasaran algunos días con ellos, como parte del supuesto trámite de adopción.

El proceso era promovido por el despacho legal López y López, según identificó la Procuraduría.

El vocero de la PGJ dice que muy probablemente los extranjeros fueron engañados, una versión confirmada por Carlos Montoya, abogado de algunos de ellos.

“El despacho les cobraba US$6.000 por cada niño para investigar y empezar los trámites de adopción”, dijo Moya en una entrevista con Radio Universidad de Guadalajara.

“Luego, cuando ya tenían al niño cobraban US$13.600. Y después de eso cobraban otros US$5.000 por el trámite final”.

Al menos 15 ciudadanos irlandeses comparecieron como testigos ante la PGJ. La mayoría regresó ya a su país, sin enfrentar acusación alguna.

Controversia

Algunas organizaciones, como Carriolas Vacías, acusan al gubernamental Consejo Estatal de Familia de permitir las adopciones irregulares.

El grupo está formado principalmente por personas que salieron absueltos de procesos judiciales, y a pesar de ello no han recuperado la custodia legal de sus hijos.

Un tema que abordó la independiente Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que en 2011 emitió seis recomendaciones por irrregularidades en el CEF.

Una de éstas se refiere el caso de una mujer encarcelada en 2009 por supuestamente pretender vender a sus hijos, lo cual resultó falso. Pero el CEF retuvo a los niños, y desde entonces no le ha permitido verlos.

“En las recomendaciones al Consejo se advierte un patrón sistemático de transgresión a los derechos humanos de este grupo vulnerable”, le dice a BBC Mundo Fernando Zambrano, coordinador de Seguimiento de la Comisión.

Rubén Reynoso, vocero del CEF, dice que ninguno de los hijos de quienes superaron procesos judiciales ha sido puesto en adopción. Legalmente el Consejo sólo libera jurídicamente a los menores, es decir, establece que ningún familiar puede responsabilizarse de ellos.

“Realmente quien va a dar la adopción no es el Consejo. Lo único que hace es asignar al menor a una pareja que reúne los requisitos”, explica Reynoso a BBC Mundo.

La última palabra la tienen los jueces, insiste. “Es quien determina si da o no la adopción”.