A pesar de que el jefe de la revolución grite a viva voz que aquí no existen presos políticos, no puede negar que nada se mueve en el sistema judicial sin que tenga la venia del mandatario nacional. Él mismo lo ha dicho en público cuando ha condenado por cadena de radio y televisión a quien, según sus reales ganas, ha juzgado sin derecho a la defensa ni mucho menos. No es esta la hora más apropiada para que se arrepienta de sus palabras, porque parte de su actual gabinete ha sido señalado de prácticas que contravienen la correcta administración de los bienes nacionales.

A pesar de que los expedientes reposan en la propia Fiscalía y las pruebas han sido consignadas en la Contraloría General, no hay forma ni manera de que avancen los trámites y se efectúen las diligencias para que los delitos allí denunciados no queden impunes por siempre.

Muy al contrario, a los oficialistas señalados de actos de corrupción no sólo se les eleva a la condición de diputados, para que disfruten de inmunidad parlamentaria, sino que se les asignan funciones de altísimo nivel, algo extremadamente peligroso para la estabilidad del Estado, que exige que al frente de las instituciones estén ciudadanos de probada honestidad y limpios de toda sombra o sospecha.

Gravísimo constituye también el hecho de que ingresen en el Gabinete ejecutivo oficiales que arrastran una serie de señalamientos internacionales por sus presuntos lazos con organizaciones vinculadas a delitos mayores que están tipificados por la ONU, y que impiden al funcionario en cuestión desplazarse sin correr peligro de ser encausado en otro país, como ocurrió con Pinochet.

Por otra parte, así como hay personas que gozan de impunidad por ser amigas del Presidente, también existen aquellos simples mortales que, por megalomanías del destino histórico venezolano, se han convertido en presos particulares del jefe del Estado, como la jueza Afiuni. De esto no hay dudas porque el Presidente, en cadena nacional, la condenó a la pena máxima de 30 años. De manera que la jueza María Lourdes Afiuni es una presa de Chávez.

La comunidad internacional ha repudiado el presidio de Afiuni, cuyo gran delito fue cumplir con una resolución del Grupo de Trabajo Contra las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, que ordenaba la liberación del empresario Eligio Cedeño.

Una de las muchas personalidades que han declarado a favor de la libertad de la jueza Afiuni es el intelectual Noam Chomsky, por el cual el presidente Chávez ha manifestado en muchas oportunidades su profundo respeto y admiración.

Recientemente, en la maratónica presentación de su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, el comandante pidió que fuera revisado el caso de la jueza Afiuni para ver si se le estaba siguiendo un juicio justo, atendiendo el llamado de su amigo Chomsky. Menuda hipocresía: Chávez la puede sacar de prisión con una simple llamada, porque ella es inocente.