Afectadas por prótesis actúan organizadas
09-Ene 06:28 am|Lilia Malavé G.
Un grupo de Facebook dio pie a la solicitud de una acción legal contra el Estado. Casi 500 usuarias de los implantes mamarios PIP piden al Estado que tome medidas que garanticen su derecho a la vida
Venezolanas demandan a comercializadores de prótesis PIP | EFE TV
El viernes, en la Plaza Caracas, en pleno mediodía,
hacía calor, pero eso no amilanó la voluntad del grupo de mujeres que
se encontraba allí a la espera de la información que en algunos
minutos debía dar Gilberto Andrea, el abogado que las representa en el
recurso legal que acaban de presentar ante el Tribunal Supremo de
Justicia.
Las 100 mujeres que aguardan mientras conversan comparten una
característica: todas tienen senos que se ven firmes debajo de la
ropa porque una cirugía los esculpió. Pero a pesar de lo atractivas
que podrían verse, las prótesis mamarias que llevan se encuentran
ahora en el ojo del huracán. Todas ellas son portadoras de los
implantes Poly Implant Prothèse, acusados de ser cancerígenos luego
de que se descubrió que eran fabricados con silicona industrial y no
con gel médico. La intención de las manifestantes es obligar al
Estado venezolano a aplicar medidas que solucionen la situación que ha
causado el uso de los implantes.
Más de 400 mujeres firmaron el viernes el recurso de amparo
interpuesto por Gilberto Andrea ante el TSJ. No todas se conocen;
muchas vienen de diferentes lugares del país, pero en conjunto
aspiran a ser indemnizadas en los procedimientos quirúrgicos a los que
deberían someterse para extraer de su cuerpo los implantes nocivos.
"En la unión está la fuerza", exclama María Pérez, caraqueña, de 50
años de edad, a la que se le detectó una fisura en la prótesis de su
mama derecha y a quien se le diagnosticó que debía retirarla.
Su caso es similar al de Yaris Ávila, residente de La Victoria,
estado Aragua, a quien se le desplazó la prótesis derecha y también
debe removerla de su organismo, con la diferencia de que ella sufre
de una arritmia cardíaca y una nueva cirugía implica riesgos
elevados. "Pero aquí estoy, porque alguien tiene que hacerse
responsable", dijo.
La iniciativa que logró reunirlas se denomina Afectadas por los
implantes mamarios PIP en Venezuela. Es un grupo de la red social
Facebook que fue creado recientemente y que ya cuenta con más de
2.300 seguidoras en la red. De esta manera, Suárez se enteró de que
podía acudir el 6 de enero a la Plaza Caracas a respaldar la petición
legal.
La ruleta de la responsabilidad.
María Zuleta, marabina participante del grupo en Facebook, llegó el
viernes en la madrugada a Caracas para apoyar la acción. Ella relató
que después de conocer la existencia de la agrupación a través de
Twitter, se enroló, y el abogado Gilberto Andrea ofreció sus servicios
como representante legal para asumir el proceso legal, y así supo
de la convocatoria.
"Me operé en febrero de 2010 y cuatro días más tarde cerró la
fábrica de las prótesis en Francia. En aquel momento, mi médico me
dijo que no me preocupara porque la mercancía defectuosa estaba en
lotes identificados, pero en noviembre de 2011 estalló el problema
en el exterior y cuando le pedí que me las cambiara, me dijo que me
cobraba 20 millones de bolívares que no tengo para pagar. Estoy aquí
porque creo que, de algún modo, los especialistas tienen alguna
responsabilidad, pues ellos promovieron el uso de las prótesis PIP y
ahora esperan hacer dinero con su retiro, que no es opcional", señaló
Zuleta.
El objetivo de las mujeres involucradas en la situación es el mismo:
lograr una indemnización monetaria y garantizar su derecho a la salud y a
la vida, que es la función de todo amparo constitucional, pero
hay divergencias en cuanto a las opiniones sobre quién tiene la
competencia en la llegada de las prótesis defectuosas al país.
Paola Gallardo, barquisimetana, de 24 años de edad, opina que los
médicos fueron estafados y que los responsables son los distribuidores
nacionales, en este caso, Locatel: "Ellos se lucraron con las
prótesis. Parte de nuestra petición es también que la venta cese en el
país". Yaris Ávila, por su parte, no se explica cómo el Estado no
instrumentó controles más rigurosos sobre la mercancía importada.
La acción legal interpuesta por las afectadas exige al Estado que
garantice sus derechos y obliga a la casa importadora a asumir los
gastos de la remoción de los implantes y a retirar de los anaqueles
todos los productos marca PIP. La comercializadora los introdujo en el
mercado venezolano denunció Gilberto Andrea sin el permiso de las
autoridades nacionales. La audiencia constitucional, que debe tener
lugar en los próximos días, determinará si el amparo procede y quién
debe tomar responsabilidad en el caso; hasta entonces, las afectadas no
descartan acciones de calle y otras formas de ejercer presión.
"Llegaremos hasta dónde sea necesario y agotaremos todas las
instancias que, aunque muchos lo ven como un tema banal, quienes
llevamos los implantes PIP no nos enfrentamos a un problema de
estética sino de salud", señaló Zuleta.
