Unas 200 venezolanas con implantes franceses de la marca Poly Implant Prothèse (PIP) demandarán ante la Justicia de Venezuela a los fabricantes y comercializadores de las prótesis, informó hoy el abogado que lleva el caso, Gilberto Andrea.

El jurista dijo a Efe que el próximo viernes presentarán un recurso judicial contra los fabricantes "y contra todos los que hayan comercializado las prótesis PIP y hayan obtenido cualquier tipo de dividendo".

"Iba a ser un acto íntimo, pero se convirtió en colectivo, empezaron pocas y ya casi suman 200 las demandantes", aseguró.

 Las demandantes exigirán el pago de las cirugías de extracción de las prótesis y reparación de las mamas, procedimiento que, según Andrea, registró un aumento en los costos de más de 150 % en los últimos seis años.

"Ellas están pidiendo las mismas cosas: una cirugía reparadora, que deje a la paciente en las mejores condiciones posibles, extraer el implante y hacer el reimplante, porque de lo contrario la persona quedará afectada física y psicológicamente, porque va a quedar deformada", explicó el letrado.

Adicionalmente, solicitarán que se cubran todos los gastos hospitalarios y los honorarios de los médicos que las intervengan.

 Andrea explicó que los cirujanos plásticos que colocaron las prótesis PIP no serán demandados porque presuntamente también fueron timados al confiar en un producto que contaba con la garantía de la agencia de salud francesa.

 Explicó que, en cambio, los fabricantes y comercializadores forman parte de "un circuito económico" que ha generado ingresos y ganancias, por lo que consideró que deben honrar la figura de responsabilidad social empresarial bajo la cual no pueden vender un producto sin velar por la seguridad de quienes invirtieron en él.

 "No puede nadie obtener una ganancia lícita de algo que es contrario al interés colectivo, sobre todo cuando ha generado un problema de seguridad sanitaria y de salud pública", advirtió. A

ndrea agregó que las demandantes sienten "mucho miedo" por las consecuencias que pueda acarrear en la salud el llevar estas prótesis y no cuentan con los recursos para extraerlas y reparar las mamas.

"Tengo el caso de la señora que se operó ella y las dos hijas, las tres tienen implantes PIP, es mucho dinero el que tiene que pagar solo esa familia", comentó el jurista quien calculó que solo este hogar deberá gastar más de 54.000 bolívares (12.500 dólares) en la extracción y reimplante de los senos.

El abogado también reclamó que en el país no existe un verdadero control en la venta de cualquier tipo de prótesis mamaria, al indicar que se observa su venta libre en portales comerciales en internet. "No hay control, tiene que haber control, no solo con respecto a temas médicos, los medicamentos también deben ser controlados porque por la más mínima equivocación pueden morir miles de personas.