Las cuentas del rey
02-Ene 06:32 am|El Nacional
La inmediata decisión del rey de España de
separar al duque de Palma de toda ceremonia oficial por estar nvolucrado en
manejos cuestionados por la justicia y en vías de procesamiento, es un claro mensaje para los españoles: la corona no será burladero
El
rey de España ha dado estos días ejemplos que los pueblos no pueden
dejar pasar inadvertidos porque se vinculan directamente con la
transparencia de las instituciones, sean monárquicas o republicanas, y
el prestigio personal de sus representantes. Este es un aspecto
sensible de la política contemporánea. La gente reclama el derecho de
conocer el destino de los dineros públicos, y mientras más arduas sean
las condiciones que la crisis económica le impone, ese reclamo se
hace más persistente.
Uno de los ejemplos del monarca español fue la inmediata decisión de
separar al duque de Palma, casado con una de sus hijas, involucrado en
manejos cuestionados por la justicia y en vías de procesamiento, de
toda ceremonia oficial. Claramente, el rey les ha dado a los españoles
un mensaje, la corona no será burladero.
El otro ejemplo tiene que ver con el manejo del presupuesto que el
Estado destina a la casa real, y que por su decisión se ha hecho del
dominio público. El rey recibe 292.000 euros al año, 140.000 como
salario, y el resto como gastos de representación. El príncipe de
Asturias recibe 146.000 euros anuales. Ambas asignaciones están
sometidas al pago de impuestos, de 40% y de 37% respectivamente, lo cual
indica que lo disponible es considerablemente menor.
Con todo lo penoso que pudo significar para el personaje referirse
indirecta, pero evidentemente, al asunto de la honradez en el manejo
de fondos públicos en su Mensaje de Navidad, Juan Carlos dio otro gran
ejemplo. Así lo reconocieron los españoles, el Parlamento, los
partidos, y la opinión pública. Como lo han advertido los medios
españoles, el monarca no está obligado legalmente a rendir cuentas.
No obstante, la cuestión va más allá de lo estrictamente legal, y así
fue comprendido. La rendición de cuentas en nuestra época es condición
indispensable del sistema democrático, sea cual fuere su forma
constitucional. Una monarquía parlamentaria como la española está lejos
de ser un espejo lejano del absolutismo decimonónico.
La reflexión que el episodio suscita es obvia. Ni monarcas ni jefes de
Estado republicanos pueden evadir lo que es un clamor generalizado de la
política contemporánea. Quien rehúse comprender estas prioridades de la
ética, contribuye de manera temeraria al desprestigio de la
institución o instituciones que representa.
En la era de la informática, la transparencia es un requisito imposible
de evadir. No es sólo un requerimiento de la confianza colectiva, sino
de la moral que el ejercicio público demanda. No basta rasgarse las
vestiduras, hay que ir a los hechos, a las prácticas consustanciales de
la democracia.
Ni monarquías constitucionales ni repúblicas, ningún sistema político abierto, puede invocar excepciones en nuestra época.
De ahí la validez del ejemplo del rey de España. Transparencia es la
palabra de orden. Y nadie puede suponer que está exento de cumplir con
un requisito tal vital del orden democrático.
