Al cierre de 2011, la conflictividad social en Venezuela aumentó 60,5% en comparación con 2010, año en el cual se produjeron 3.114 protestas.

La ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 4.504 manifestaciones de calle hasta octubre de 2011, mientras que en noviembre y diciembre hubo aproximadamente 800.

Marco Antonio Ponce, coordinador general de la organización no gubernamental, considera que la radicalización de la protesta es consecuencia de la falta de respuestas oportunas y efectivas por parte del Estado.

Destacó que en 98% de los casos registrados en 2011 los reclamos fueron pacíficos. "Pese al incumplimiento del Gobierno, la sociedad busca caminos democráticos para resolver los conflictos", afirmó.

Ponce indicó que la carencia de políticas públicas enfocadas en la promoción de los derechos humanos es determinante. Agregó que los principales motivos de la conflictividad social están relacionados con reivindicaciones laborales, falta de viviendas dignas, incremento de la inseguridad ciudadana y fallas del sistema educativo.

"2011 cerró como un año muy conflictivo. Las protestas se incrementaron para llamar la atención del Gobierno sobre las demandas ciudadanas", dijo.

Sólo en octubre el observatorio registró 489 protestas relacionadas con el reclamo de mejores condiciones de trabajo, y 155 por la necesidad de vivienda.

Los análisis de la ONG se fundamentan en datos oficiales y en el seguimiento de cada uno de los casos a través de medios de información de alcance nacional y regional.

Los trabajadores destacan como actores sociales con mayor conflictividad desde enero hasta octubre de 2011. Mes a mes hubo un incremento en la exigencia de oportuna discusión de contratos colectivos, el cese de hostigamiento contra las organizaciones gremiales, rechazo al paralelismo sindical y criminalización de la protesta.

Cerca de 150 sindicalistas están sometidos a procesos penales. Ponce considera que se pretende intimidar a la dirigencia sindical y obstaculizar los procesos de exigibilidad de los trabajadores de varios sectores.

El Distrito Capital reportó el más alto índice de conflictividad laboral en este lapso.

"Durante esta gestión, las directrices en el ámbito laboral provienen del Ejecutivo, no se toma en cuenta a los trabajadores ni tampoco a la empresa privada", agregó.

Se contaron 149 huelgas de hambre de personas privadas de libertad; sus familiares fueron los principales representantes de esas manifestaciones.

Entre las principales modalidades de protesta están la paralización de actividades, entrega de volantes, tomas de establecimientos, concentraciones y cierre de calles.

Cultura de reclamo. El informe Anual de Provea correspondiente al período octubre 2010-septiembre 2011 precisa que 61% de las protestas obedece a la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, la ONG reportó un incremento de las demandas (1.075 más que en el período anterior) de derechos civiles y políticos.

En el documento se destaca: "En el presente lapso se registró el número más alto de manifestaciones durante la administración del presidente Hugo Chávez. La cifra es superada por quinta vez de manera consecutiva. El descontento de la población con la gestión de gobierno tiene como origen la ausencia de políticas públicas integrales con enfoque de derechos humanos, así como en la internalización del derecho constitucional a la manifestación pacífica".

"A lo largo de la gestión del presidente Hugo Chávez hemos descubierto cómo en Venezuela se consolida la cultura de la protesta. Los actores sociales se han unido para manifestar en relación con el tema de la seguridad. En el pasado, cada quien lo hacía de manera individual", se agrega.

Los ciudadanos acuden a las acciones de protesta, de acuerdo con Ponce, después de agotar todas las posibilidades legales sin recibir respuesta. "Cuando el Ejecutivo incumple algún compromiso o las instituciones del Estado no son diligentes, la protesta se radicaliza", expresó.

Provea, en su informe anual, reitera las denuncias sobre criminalización de la protesta, principalmente a través de procedimientos judiciales.

Ante instancias internacionales se ha reportado que 2.500 personas han sido víctimas de persecución penal por reclamar sus derechos.

En cuanto a la represión, se indica en el informe, la recién creada Policía Nacional Bolivariana destaca con un saldo negativo a haber participado en la represión de 35 protestas pacíficas. Las policías estadales reprimieron 39, y las municipales 17.

Ponce advirtió que el próximo año los índices de conflictividad aumentarán si el Gobierno mantiene el mismo discurso y no mejoran los mecanismos para la solución de los problemas.

Dijo que se podrían incrementar las manifestaciones de calle con ocasión de las elecciones presidenciales del 7 de octubre.