Un estudio realizado por la Policía Nacional determinó que ocho de cada diez municiones utilizadas en delitos fueron fabricadas por la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares.

Esta fue una de las razones que llevaron a Tareck el Aissami, ministro de Relaciones Interiores, anunciar la prohibición de ventas de armas y municiones a particulares, a través de las armerías privadas o por Cavim.

La medida saldrá publicada en Gaceta Oficial en enero y comenzará a tener vigencia real desde el mes de abril, informó el secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, Pablo Fernández.

"Estamos limitando todo el proceso, desde la importación, pero todo pasa por Cavim. De manera que entre Cavim y la Dirección General de Armas y Explosivos se repartirán las responsabilidades. No habrá importación ni comercialización. Las armerías tendrán que liquidar sus inventarios y comercializar otros rubros", explicó.

Entre los meses de enero y abril, el Ministerio de la Defensa llevará a cabo un registro de las armas en poder de civiles.

Posteriormente entrará en vigor la prohibición de venta y no se emitirán nuevas licencias de porte.

Fernández aclaró que se hará una excepción para los cuerpos de seguridad, las empresas privadas de vigilancia y custodia de valores debidamente registradas, y los practicantes de tiro deportivo.

"Vamos a definir criterios claros en cuanto a estas excepciones. Los deportistas tendrán acceso a armas y municiones, pero con controles para que este ámbito no se convierta en la ventana por la que metan lo que no pueden meter por la puerta. Vamos a tener mucho cuidado con el tema de los recargadores y las armas deportivas", advirtió.

Igualmente se trabajará, a través de las cancillerías de Venezuela y Brasil, la posibilidad de implantar en el país el sistema de marcaje de municiones que tienen los brasileños, lo cual permitirá identificar y distinguir los cartuchos de uso civil de los destinados a la FAN y a los cuerpos policiales.

Policías en la lupa. Fernández indicó que vendrán otras auditorías a los parques de armas en poder de los organismos de seguridad. Algunas serán anunciadas, mientras que otras serán sorpresivas. Esto permitirá establecer, entre otros aspectos, si estas instituciones poseen una cantidad de municiones acorde con sus necesidades.

"Al no tener muchas municiones, se reduce la posibilidad de que se filtren al ámbito ilegal. También se preparan medidas para la inutilización de las armas guardadas en salas de evidencia", dijo.

Agregó que será creada una oficina en el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía para validar las peticiones de armas y municiones que formulen los cuerpos de seguridad. Fernández lo definió como un "mecanismo de control intermedio".