La carta abierta que envió Jorge Botti, presidente de Fedecámaras, como vocero de los empresarios de Venezuela, al mandatario nacional, Hugo Chávez, es un reflejo de lo que sucede en el país. En su último párrafo dice: "Por la trascendencia de estos planteamientos hemos considerado necesario ratificar nuestra disposición e interés de iniciar un diálogo abierto al país, un diálogo sincero que tenga como norte el abatimiento del alto costo de la vida, el aumento de la producción nacional y la creación de empleo productivo y digno para los venezolanos".

Este llamado al diálogo contrasta con los monólogos a que nos somete el Presidente por cadena nacional, en los que habla de cualquier cosa pero elude referirse a los problemas serios que aquejan al país. El tono ofensivo y agresivo en cada una esas celebraciones de sí mismo prácticamente impide cualquier posibilidad de dialogar no sólo con los empresarios, sino también con los trabajadores, las iglesias, las asociaciones ciudadanas, los partidos, las universidades y los gobiernos regionales.

Por ello, los empresarios exponen que "es menester recuperar el respeto y el reconocimiento mutuo", aunque bien saben que sus pronunciamientos serán contestados con insultos por el jefe del Estado, los cuales después repetirán bobaliconamente los ministros y otros subordinados.

En la carta se transcriben dos artículos de la Constitución en los cuales se habla de justicia social, democracia y desarrollo y se hace referencia a que es deber del Estado defender las actividades económicas de las empresas públicas y privadas. En contraste, en los monólogos presidenciales y las actuaciones del sumiso Poder Judicial se transgrede esa Constitución a diario y se hace gala de que la voluntad del jefe prevalece por encima de cualquier norma jurídica.

Es comprensible la angustia del empresariado, que ve mermar sus actividades en medio de un clima de inseguridad jurídica, altamente inflacionario y sujeto a todo tipo de arbitrariedades. El motivo inmediato de su planteamiento es que a lo anterior se le añade la competencia desleal de las importaciones que impulsa el Gobierno, con el objeto de obtener favores internacionales y como resultado de la reducción de la producción nacional que han originado sus políticas económicas.

El temor oficial a que aumente el desabastecimiento en el año electoral ha conducido a medidas improvisadas y a solicitar a cualquier costo la ayuda de países amigos con potencial productivo. Como el petróleo es casi el único bien de exportación que produce Venezuela, se sacrifican de esta manera las ganancias, presentes y futuras, que arroja tan lucrativo negocio.

Es poco lo que se puede esperar de quien tiene como consigna de sus monólogos "Viviremos y venceremos", porque se plantea el manejo del país como una batalla en la que hay que destruir al enemigo, el cual se compone de sectores cada vez más amplios de la vida nacional.