Ha pasado por debajo de la mesa el hecho gravísimo de que el Gobierno haya echado mano de la Guardia Nacional para convertirla en un parapeto destinado a esconder su enorme fracaso en las cuestiones de control de la delincuencia y del aumento creciente de la inseguridad, valga decir la Guardia del Pueblo.

Ni a la GN ni a la FAN le corresponden ejercer funciones policiales debido a que no están preparadas ni entrenadas para eso.

Constituye un error obligarlas a actuar en esos menesteres porque, a la final, terminarán siendo juzgados por delitos de violación de los derechos humanos.

De forma que, desde la Presidencia, pueden estar colocando a muchos oficiales, suboficiales y tropas de la Guardia Nacional en una situación de riesgo gravísimo ante las jurisdicciones internacionales en cuestiones de derechos humanos.

Como bien lo dice el conocido activista Luis Cedeño, directivo de la ONG Paz Activa, en un artículo publicado en el diario español La Razón, "siempre se ha señalado con preocupación que el uso de las fuerzas armadas para controlar la delincuencia ha sido identificado como una mala práctica a escala internacional".

Luis Cedeño cita el ejemplo de Ciudad Juárez y su sitial de honor como la ciudad más peligrosa del mundo, además "de su escalada de violencia, que surgió en parte por la participación de las fuerzas armadas". El articulista se pregunta "¿por qué los organismos internacionales contraindican el uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad ciudadana?" La primera razón es muy conocida por la sociedad civil: "Los militares están entrenados para la guerra. Su objetivo es la eliminación del enemigo. En un contexto de guerra no existen los derechos humanos, más allá de los convenios de Ginebra que regulan la guerra". Así de simple.

Para Cedeño, y para la inmensa mayoría de los venezolanos que defienden el orden democrático, los militares "no están para prevenir nada, sólo para provocar o reaccionar y en algunos casos para reprimir al pueblo en los regímenes dictatoriales. Ya hemos visto como la Guardia Nacional se ha prestado a la represión de la disidencia democrática".

Si ya sabemos que el uso de la GN "no tiene ningún efecto en la disminución de los índices de criminalidad, el despliegue de esta llamada Guardia del Pueblo debe tener un motivo ulterior".

Coincidimos con Cedeño en esta gran preocupación.

"Si el despliegue del Dispositivo Bicentenario de Seguridad no ha tenido ningún resultado (este año se batirán récords en número de homicidios y secuestros) sólo se puede especular que la única intención del Gobierno es mantener un contingente armado, altamente ideologizado, en las principales ciudades del país, no para proteger al pueblo del azote hamponil, sino para garantizar el control al caudillo y sus acólitos en el caso muy certero de perder las elecciones presidenciales". Cedeño ha dado en el blanco, o en el rojo, mejor dicho.