En Costa Rica
30-Nov 06:18 am|El Nacional
Esta semana en la sede
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa
Rica, nuevamente el Estado venezolano es llevado a juicio
Vista de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica | Esteban Dato / EFE
Esta semana en la sede
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa
Rica, nuevamente el Estado venezolano es llevado a juicio por violar los
derechos humanos de sus ciudadanos. Se trata de dos casos: el
asesinato de Néstor Uzcátegui a manos de los cuerpos policiales del
estado Falcón, y el del hasta hace poco preso político Raúl Díaz Peña,
quien huyó del país para salvar su vida. Los dos expedientes están
siendo ventilados en audiencia pública para determinar las
responsabilidades del Estado.
Néstor Uzcátegui era un joven de 21 años de edad que, en 2001, fue
asesinado presuntamente por organismos policiales del estado Falcón. Su
hermano Luis Enrique Uzcátegui, con el fiel respaldo de la ONG Cofavic,
no ha cesado en el esfuerzo de llevar a los tribunales a los
responsables de la muerte de Néstor. Hasta la fecha no han podido
lograr justicia en nuestro país y por este motivo han acudido a las
instancias internacionales.
Raúl Díaz Peña es un joven venezolano que estudiaba ingeniería cuando
fue acusado por agentes de seguridad del Estado de cooperar en la
colocación de bombas en las sedes de unas embajadas en Caracas, por lo
cual fue detenido y luego presuntamente torturado y vejado por los
cuerpos policiales.
Se trata del único preso político venezolano cuyo caso ha llegado a
instancias internacionales con el apoyo de la organización Venezuela
Awareness Foundation, radicada en Miami, pero que desde allá apoya las
causas de los perseguidos políticos.
En la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos están todos
los involucrados en el caso, incluyendo a los representantes del Estado
venezolano que, aunque desconocen las sentencias cuando son
desfavorables a sus intereses, acuden con todo un equipo profesional a
defender las actuaciones de los organismos oficiales y a justificar sus
formas de proceder.
Con estos dos nuevos juicios ya suman más de una docena de casos por
los que Venezuela ha sido llevada a juicio a la Corte Interamericana en
la última década, en su mayoría con sentencias condenatorias contra el
Estado venezolano. El gobierno bolivariano se ha negado a aceptarlas y
se ha colocado en total desacato ante las decisiones del máximo
organismo de derechos humanos del hemisferio.
El Estado venezolano el 24 de junio de 1981 reconoció la competencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según nuestra Constitución
nacional, en su artículo 31, todas las decisiones de los organismos
internacionales en los que Venezuela haya aceptado su competitividad son
de obligatorio cumplimiento. De manera que no hay excusa ni argumentos
de soberanía que nos exoneren de cumplir con sus decisiones.
Aguardamos con paciencia y confianza las sentencias que dictará, en su
debido momento, la Corte Interamericana sobre la trágica muerte de
Néstor Uzcátegui en Falcón y del ex preso político Raúl Díaz Peña, que
denunció haber sido torturado por cuerpos de seguridad.
