La contralora interina Adelina González no se presentó. La sucesora de Clodosbaldo Russián encomendó a cuatro directores de la Contraloría General de la República la exposición de su anteproyecto de presupuesto para 2012 en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

Los funcionarios de la Dirección General Técnica y los despachos de Presupuesto, Planificación y Recursos Humanos de ese organismo llegaron con media hora de retraso al salón Simón Bolívar, donde sesionan los diputados. Esa tarde del miércoles 16 de noviembre de 2011 su misión era tratar de convencer a los parlamentarios de que les aprobaran más fondos para el próximo año después del recorte de casi 60% aplicado por la Oficina Nacional de Presupuesto, dependiente del Ejecutivo, a la solicitud original. No pudieron ocultar su resignación ante el recibimiento que les prodigaron: sólo había 4 diputados, 2 de la mayoría oficialista.

Además de la ausencia de la cardo Sanguino, a quien se le veía caminar por las oficinas adyacentes con una casaca roja. El diputado peseuvista Alejandro Dudamel hizo las veces de moderador; lo acompañaron Ramón Lobo, Alfonso Marquina y Vestalia Sampedro, los dos últimos de la oposición.

Basilio Jáuregui, José Gregorio Hernández, Maribel Díaz e Ivanova Pacheco, de la Contraloría, se sentaron frente al panel de diputados con la parsimonia de quien sabe que su esfuerzo por obtener más recursos podía ser en vano. Los directores llevaron un informe de 16 páginas que revela la difícil situación económica que atraviesa ese organismo, clave en la lucha contra la corrupción. El documento presenta una radiografía detallada de los peligros que corre una institución con un presupuesto devaluado que dificulta su labor en el laberinto de la administración pública. Durante casi una hora explicaron que la asignación anual ha decrecido en la última década, lo que ha producido una merma en el número de funcionarios y en la capacidad para ejercer control sobre los ingresos, gastos y bienes del Estado.

"Esta comisión debería apoyarnos en la solicitud, para que logremos un presupuesto justo y no tengamos necesidad de pedir créditos adicionales", dijo Jáuregui, director general técnico de la Contraloría, no sin cierta timidez.

Hacer más transparente la administración pública fue una de las ofertas de Hugo Chávez ­desde el Balcón del Pueblo­ después de su reelección en 2006 y forma parte de las líneas estratégicas del Plan de la Nación 2007-2013. Pese a que el Presidente asumió el gobierno con la promesa de combatir la corrupción de décadas pasadas, entre las prioridades del país ­a la luz del proyecto de presupuesto para el próximo año­ no se encuentra la de apoyar a la instancia del Poder Ciudadano que vela por la correcta administración de los fondos públicos.

"La Contraloría debe exigir que se le apruebe la totalidad de los recursos que solicita porque tiene en sus manos muchas instituciones por auditar", razonó Sampedro en la reunión. Los directores asintieron con la cabeza. Una lista mínima de ejemplos puede ser intimidante. El fallecido Russián prometió informes sobre las denuncias por la pérdida millonaria de alimentos del caso Pdval, por las conexiones de funcionarios civiles y militares con el presunto narcotraficante Walid Makled y por las supuestas estafas inmobiliarias.

Venezuela ostenta desde 2010 el récord de ser el país más corrupto de América Latina, de acuerdo con los reportes de Transparencia Internacional, que Russián siempre desestimó. Más allá de eso, sobra el trabajo y faltan los recursos.


Insolventes.
Cada año se le da menos importancia a la actividad fiscalizadora en el presupuesto nacional. En 2000, la asignación representaba 0,26% del total. 12 años después se redujo a menos de la mitad: por cada 100 bolívares sólo 0,12% se emplea en la vigilancia del uso de ese dinero.

Los informes anuales de la Contraloría General muestran una reducción de las actividades: las 1.090 fiscalizaciones de organismos públicos que se hicieron en 2006 bajaron a 745 en 2010, y para 2012 se planifican 477.

Los directores admitieron que lo destinado a ese organismo para 2012 apenas alcanzará para labores básicas. "La asignación cubre los gastos operativos, pero no los recursos humanos que necesitamos para atender nuestro ámbito de control, que es de 4.000 organismos", señaló José Gregorio Hernández, director de Planificación, Organización y Desarrollo.

La descripción de Hernández dibuja una institución con poca autonomía económica: solicitó 834 millones de bolívares para el próximo año, pero luego de evaluar la petición, el Gobierno llevó la asignación a 351 millones.

El organismo ha pasado a depender de los créditos adicionales para compensar las carencias presupuestarias. En 2010, por ejemplo, solicitaron financiamiento extra por 212 millones de bolívares. Este año les aprobaron 114 millones. "La Contraloría General requiere que se le asignen los recursos necesarios para asumir su responsabilidad", alegó Jáuregui. Y agregó: "No podemos decir que no aceptamos el presupuesto que propone la Onapre, sino que buscamos la manera de aumentarlo. Le hacemos saber al Ministerio de Finanzas que necesitamos nuestra autonomía".

Cambiaron los tiempos. Eduardo Roche Lander, contralor general entre 1994 y 1999, recuerda que entonces la institución formulaba su presupuesto separadamente, sin incluirlo en el legajo que el Presidente de la República enviaba al Poder Legislativo, como se hace actualmente. "El Contralor iba y lo discutía con la Comisión de Finanzas directamente; en los seis años que estuve ahí nunca tuve que reducirlo. La institución no dependía ni financiera ni funcionalmente de otro poder público".

En su época ­según afirma­ había personal suficiente para delegar a seis o siete auditores, para que trabajaran permanentemente en las oficinas de Pdvsa o para que abrieran investigaciones sobre los casos que se denunciaban en los medios. "Hacíamos un estudio de las necesidades y programábamos auditorías a escala nacional, regional y municipal. Le dábamos mucha importancia a la fiscalización de la administración central".

Para el proyecto de Control Fiscal, que arropa las actividades centrales de la Contraloría, como auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, análisis y asesorías, la Onapre sólo aprobó 12% de lo que solicitó el despacho de Adelina González.

La adecuación necesaria para regir el Sistema Nacional de Control Fiscal, las mejoras en la infraestructura de la sede del organismo, la renovación de la flota de automóviles y la actualización tecnológica son planes que se quedaron sin recursos para el próximo año.

Más allá de lo material, también hay quien interpreta que la falta de un contralor titular no puede considerarse una fortaleza institucional.

Falta personal. Sobre los hombros de 627 funcionarios está la tarea de controlar el buen uso del dinero público en las instituciones del Estado. La Contraloría cerró 2010 con ese número de empleados, pero hace una década tenía el doble: 1.248. Alrededor de 34% del presupuesto se emplea en el pago a jubilados y pensionados.

La preocupación por captar nuevos empleados salta a la vista en una pequeña ventana que se abre en las computadoras de quienes visitan la página web del ente. "Auditor, consultor o profesional independiente. Regístrate aquí", invitan desde el site. Sin embargo, el presupuesto del próximo año no alcanza para más contrataciones. "No puedo emplearlos y pensar que el dinero para pagarles me lo darán a través de créditos adicionales", afirmó Jáuregui. Recordó que los trabajadores de ese organismo necesitan formación especializada. "No es cualquier auditor el que va a Pdvsa ­citó como ejemplo­ Esa capacitación cuesta mucho dinero, incluso hay que mandarlos a cursos fuera el país".

El monto que el Estado le asignó a la Contraloría también se salta pagos previstos en la Ley del Trabajo. "La cuota asignada sólo cubre los gastos de nómina, sin aguinaldos ni prestaciones. No se garantizan las bonificaciones especiales.

Con el presupuesto que se nos asigna no podemos prever mejoras socioeconómicas para los empleados como primas por profesionalización o por hijos.

Se estaría limitando nuestra actuación", reconoció Ivanova Pacheco, directora de Recursos Humanos.

Es una gran cantidad de dinero e instituciones que deben controlar, un inmenso volumen de trabajo para poco más de 600 personas, opina Mercedes de Freitas, directora de la organización Transparencia Venezuela. "Estamos ante un Estado que no valora el papel de la Contraloría y esa institución tampoco se da el valor que tiene. Le falta autoridad e independencia", sostiene.

Gigante sin control. "Somos conscientes de que el Estado crece. Hemos dejado de cumplir actividades por falta de recursos presupuestarios", lamentó Jáuregui ante la Comisión de Finanzas.

El déficit en el organismo que controla el dinero público se presenta en momentos en los que la administración estatal engorda rápidamente. Con ingresos que los analistas calculan en casi 1 billón de dólares, el Gabinete Ejecutivo pasó de 21 ministerios a 32 más las misiones sociales. De acuerdo con Conindustria, en los últimos 5 años se han expropiado 988 empresas y el Estado ha absorbido a esos empleados.

Los datos oficiales señalan que 2 de cada 10 trabajadores venezolanos laboran para el sector público. En 2011, se esperaba que más de 135.000 personas enviaran declaraciones juradas de patrimonio, las cuales deben ser verificadas.

"A medida que aumentan los ingresos hay que tener más ojos sobre ellos, pero la Contraloría no ha crecido ni presenta propuestas para hacer auditorías al uso de esos recursos y a los procesos de contratación de empleados públicos", señala De Freitas.

La estructura estatal es enmarañada y difícil de fiscalizar, advierte el economista Ricardo Villasmil. "La forma como se administra el Estado poco transparente es un pantano. Tenemos un sistema de administración de divisas, un gasto público que se ejecuta por vías no previstas en la ley, fondos parafiscales, como el Fondo Chino, que dependen del Presidente de la República.

Tienes muchos controles que permiten la discrecionalidad de los funcionarios y propician la corrupción".

El presidente de la Comisión de la Contraloría de la Asamblea Nacional, Héctor Navarro, opina en cambio que los fondos nacionales o binacionales y todos los recursos que maneja el Estado ­por vía presupuestaria o no­ están sujetos a control. "Las denuncias se evalúan por muestreo, incluso aquí en la comisión. No hay capacidad para auditar 100% de los organismos", concede.

Navarro dice que será un avance que en la reforma de la Ley contra la Corrupción se considere funcionario público a todo el que administre dinero del Estado, lo que incluye a los voceros de los consejos comunales. Revisar la transparencia de esas nuevas cuentas será otra tarea de la Contraloría. "Se hizo un estudio de impacto económico y supongo que esa institución necesitará más recursos", agregó.

A pesar de que cumplirán más funciones, la Contraloría operará con un presupuesto devaluado. "¿Pueden funcionar con autonomía, si el Gobierno al que van a controlar es el que le manda los recursos?", preguntó el diputado Marquina a los directores del organismo. No obtuvo respuesta.